En un balance de la visita del Comité para las Desapariciones Forzadas (CDF), de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que México asumirá las recomendaciones que se desprendan del informe final del organismo que se presentará en marzo. Reconoció coincidencias en el diagnóstico como retos: terminar la impunidad, superar la crisis forense y diseñar políticas preventivas de seguridad.
Encinas admitió que la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, sino que sigue vigente, aunque con la peculiaridad de que en gran medida es perpetrado por el crimen organizado. Mencionó que los casos en los que se registra complicidad de agentes del Estado corresponden en su mayoría a corporaciones municipales, aunque, a pregunta expresa sobre más de 300 desapariciones forzadas que involucran a instancias federales, declinó abundar en detalles.
Cuestionado en rueda de prensa sobre la presunta participación del general Jens Pedro Lohmann en un caso de desaparición forzada por posible encubrimiento (recientemente designado como titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos (Birmex), Encinas informó que, por instrucción presidencial, se realiza un análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, apuntó que en primera instancia “no hay una responsabilidad referida directamente a su persona”.
Destacó que se tiene el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del CDF y esto incluye a las fiscalías general de la República y estatales, que si bien son autónomas, no están divorciadas de responsabilidades del Estado mexicano. Admitió que sólo con algunas fiscalías –como las de Coahuila y Morelos– hay una coordinación estrecha, pero en otras es mínima, a pesar de que es indispensable para superar la crisis forense que suma 50 mil cuerpos sin identificar.
Indicó que con la FGR se elaboró un inventario de las capacidades forenses en el país y se tiene el objetivo para 2022 de enfrentar la crítica situación en esta materia. Citó como ejemplo los avances para la identificación humana en Coahuila, donde con una aportación de 150 millones de pesos se pretende que con la participación de la fiscalía y la comisión de búsqueda estatales se emprenda el primer proceso masivo de identificación de cuerpos en Saltillo y Torreón.
Sergio Irazoque, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, mencionó que de 439 acciones urgentes emitidas por el CDF contra México, Nayarit ocupa el segundo lugar, detrás de Guerrero, que cuenta con 221.
Encinas refirió que en tres años de este gobierno se destinaron mil 200 millones de pesos a financiar las comisiones estatales de búsqueda y para 2022 se canalizarán otros 600 millones.
