Miles de organizaciones y representantes de pueblos indígenas exigieron al director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), Qu Dongyu, cancelar la asociación con CropLife International, que representa a la industria agroquímica. Dijeron que una tercera parte del total de las ventas de esta industria es de plaguicidas altamente peligrosos.
Consideraron “profundamente inapropiado” que la FAO se asocie con CropLife, cuyas empresas miembro Bayer, Syngenta, Corteva AgroSciences, FMC y Sumitomo venden esas sustancias que presentan los niveles más altos de riesgo para la salud y el medio ambiente. Advirtieron que cada año se estiman en 385 millones los casos de intoxicación aguda no intencionales, contra los 25 millones de casos estimados en 1990.
Influencia en las políticas públicas de países de AL
La FAO es una institución pública “que se supone que no debe atender las necesidades del sector privado cuyo objetivo es vender plaguicidas”, señalaron. El registro y uso de plaguicidas altamente peligrosos en América Latina y el Caribe es una gran preocupación en la región, en particular en México, Costa Rica, Jamaica, Chile, Argentina, Panamá, Paraguay y Brasil, “debido a los casos de intoxicaciones y efectos crónicos dañinos para la salud e impactos negativos en el medio ambiente”, afirmó Fernando Bejarano, coordinador de la oficina de IPEN para América Latina y director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam).
“La alianza entre la FAO y CropLife implica una mayor influencia en las políticas públicas de las empresas que fabrican y comercializan plaguicidas, especialmente en los países más vulnerables donde se favorece la expansión de los monocultivos y el uso de plaguicidas altamente peligrosos, lo que impacta en la salud socioambiental”, dijo Javier Souza, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina.
La entrega de esta petición ocurre después de que en octubre de 2020 más de 350 organizaciones internacionales de la sociedad civil y pueblos indígenas, además de 250 científicos y académicos, enviaron misivas en contra de la firma del acuerdo de asociación entre la FAO y CropLife.
