Tres casos, de un océano, ponen en evidencia “las malas prácticas, las violaciones al debido proceso y la inacción” de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, encabezada desde hace 12 años por Carlos Zamarripa, un personaje cuya renuncia han pedido lo mismo colectivos de víctimas y familiares que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las víctimas decidieron presentar sus casos en la Ciudad de México porque “el gobierno de Guanajuato gasta más de un millón de pesos al día en publicidad y eso se convierte en una forma de control editorial de los medios. Estamos aquí para romper el cerco mediático” que la publicidad crea, según dijo Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

La primera víctima en tomar la palabra fue Laura Elena Díaz Infante. En noviembre de 2015, su esposo, Jorge González Topete, salió de su casa para no volver nunca. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de la ciudad de León. “Él estaba lleno de vida y lo que me dijeron las autoridades no era lógico para mí”.

La fiscalía estatal concluyó que Jorge se había suicidado, supuestamente “por culpa” por mal manejo de dinero como ejecutivo de un banco, y que se había envenenado con una estopa mojada en solvente y un cóctel con raticida. Las autoridades se apresuraron a solicitar el permiso de un familiar (un sobrino que entonces tenía 20 años) para que el cuerpo fuese incinerado.

Dado que oficialmente se trató de un suicidio, la señora Díaz Infante tuvo que emprender un complicado camino para lograr el pago del seguro de vida, que le había sido negado por la causa oficial de la muerte.

Muy resumidamente, consiguió peritajes, que ella pagó, para determinar, entre otras cosas, que en las toallas del hotel había ADN de al menos cuatro personas, que el croquis del lugar de los hechos faltaba a la verdad y que el cóctel asesino había sido introducido después de su muerte. “Antes llenaron sus pulmones con tíner y con eso lo ahogaron y así murió”. La revisión de un teléfono del fallecido mostró una llamada realizada cuando ya había fallecido.

Además de las anomalías referidas, la fiscalía guanajuatense nunca pidió las grabaciones de seguridad del hotel y llegó a informar que la averiguación se había perdido.

Díaz Infante demandó a la fiscalía “por reparación de daño integral y moral, pero el procedimiento se sigue en la misma fiscalía. Lleva casi dos años y no se ha resuelto”.

Díaz Infante presentó las evidencias a la fiscalía, pero le respondieron: “No nos interesa, Jorge se suicidó”, refirió el abogado José de Jesús Ortega.

Norma Patricia Barrón Núñez también tuvo que realizar sus propias investigaciones para tratar de encontrar a su hijo y a su esposo, secuestrados en Irapuato en junio de 2019. Pagó un rescate de un millón de pesos, localizó el vehículo que usaron los plagiarios, dio a la autoridad sus nombres y apodos.

Aunque hay detenidos, no se ha dictado sentencia y el proceso ha estado marcado por la revictimización de la señora Barrón: “A los imputados los llevan como testigos; los ponen frente a mí… para amedrentarnos”.

María José Velázquez relató la violación que sufrió en 2017 por el diputado panista Jorge Alberto Romero Vázquez, quien entonces se desempeñaba como funcionario del gobierno estatal.

Sólo cuando vio a su agresor tras las rejas, por otro caso de violación, fue que se animó a presentar la denuncia, a mediados de este año. “Es un político y en sus manos estaba todo el poder para realizar algo en mi contra por el hecho de denunciar”.

La denuncia de María José no ha prosperado. A fines de noviembre, el diputado Romero fue liberado luego de que la fiscalía estatal reclasificó el delito de violación espuria a abuso sexual.

–¿Algo ha cambiado luego de que el presidente López Obrador sugirió relevar al fiscal Zamarripa?

–No ha cambiado nada-–concluyó la señora Díaz Infante.