Washington. El gobierno de Joe Biden planeó una estrategia anticorrupción destinada a abordar dos vehículos principales para el lavado de dinero en Estados Unidos: las transacciones inmobiliarias y las empresas fantasma. “Revelaremos la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción”, expresó este lunes un importante funcionario de la administración en una conferencia de prensa telefónica.

Por un lado, se trata de endurecer la regulación de las transacciones inmobiliarias para evitar que se utilicen para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otros tráficos ilícitos, malversación de fondos públicos o sobornos.

Y, por otro, se busca aumentar la transparencia financiera identificando mejor quién está detrás de las empresas fachada.

“Dado que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, entendemos que tenemos una responsabilidad particular de abordar nuestras propias deficiencias regulatorias”, señaló el funcionario.

Esto, agregó, incluye una mejor identificación de los beneficiarios finales, es decir, los verdaderos propietarios de los activos financieros colocados en empresas fantasma.

En enero el Congreso aprobó una ley que requiere que las empresas estadunidenses declaren a sus beneficiarios reales al gobierno federal. Esto marcó un gran avance en Estados Unidos, donde las leyes al respecto son extremadamente flexibles, por ejemplo, en lugares como Delaware, hogar de Biden.

La Casa Blanca quiere regular mejor las transacciones inmobiliarias, especialmente cuando se realizan en efectivo.

“El mercado inmobiliario estadunidense sigue utilizándose como medio para lavar dinero”, advirtió el Departamento del Tesoro en un comunicado.

En un informe publicado en agosto, el grupo de expertos Washington Global Financial Integrity (GFI) estimó que en los pasados cinco años, al menos 2 mil 300 millones de dólares de dinero sucio se habían lavado a través de transacciones inmobiliarias en Estados Unidos.

“Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el único país del G-7 que no requiere que los profesionales de bienes raíces cumplan con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero”, aseguró.