Ciudad de México. Al hacer un balance sobre la reciente visita del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que México asumió el compromiso de asumir las recomendaciones que emanen del informe final de ese organismo internacional, previsto para marzo próximo. Esto a partir del reconocimiento que hizo este gobierno del CDF y el haber convocado a la primera visita que esta instancia realizó en el mundo desde su creación.

Durante una conferencia de prensa, Encinas reconoció la coincidencia que existe con el CDF en torno a la gran impunidad que prevalece en torno al delito de la desaparición forzada aunque subrayó que en su gran mayoría en la actualidad es perpetrada por la delincuencia organizada o, en el caso de que se registren con la participación de agentes del estado, la atribuyó fundamentalmente a eventos que involucran a agentes municipales.

Sin embargo,a pregunta expresa sobre la información acreditada de que hay mas de 300 casos recientes que involucran a instancias federales, Encinas evadió argumentando que más tarde se confirmaría la información.

Sobre las críticas que hizo el CDF al papel las fiscalías, el subsecretario reconoció que su papel en enfrentar el problema de las desapariciones es desigual, hay fiscalías como Coahuila o Morelos donde se ha establecido una estrecha coordinación pero en otros casos donde es francamente débil, En este sentido, destacó que aun cuando las fiscalías tienen un carácter autónomo, las eventuales recomendaciones del CDF sobre estas instancias tendrán un carácter obligatorio en la medida en que forman parte del estado mexicano.}

Informó que durante las reuniones efectuadas con el CDF se asumió el compromiso de búsquedas a partir de lo que se denomina “macro casos” , detallando que en esas reuniones la Comisión Nacional de Búsqueda entregóa los expertos de Naciones Unidas una primera investigación de un macro caso, en relación a las despariciones forzadas ocurridas en Nayarit, cuando estaba como fisca estatal Alberto Vieyra, hoy procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Encinas explicó que los tres principales desafíos que se desprenden de la visita del CDF: enfrentar la gran impunidad que existe en torno a la desaparición forzada, superar la crisis forense y consolidar una política de seguridad que instrumente mecanismos de prevención para evitar mayores desapariciones.

En torno a la crisis forense reflejada en 50 mil cuerpos sin identificar que hay en el paí9s, dijo que se avanza en Coahuila con una partidade 150 millones de pesos para acelerar el proceso de identificación masiva de los cadáveres que se encuentran en fosas y y cementerios en Saltillo y Torreón.

Afirmó que en materia presupuestal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda se han canalizado mil 200 millones de pesos para financiar parcialmente las comisiones estatales de búsqueda durante estos primeros tres años de gestión, estimándose que para 2022 se asignen otros 600 millones de peso0s.

Mencionó que durante la reunión que e CDF sostuvo con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ,los expertos destacaron la importancia de que el máximo tribunal en México haya fijado el criterio de que todas las acciones urgentes que determine el CDF sobre casos específicos de desaparición tendrán un carácter vinculante para las autoridades mexicanas.