El empresario Raúl Beyruti, El rey del outsourcing, es un prófugo de la justicia, y la Fiscalía General de la república (FGR) impugnará el amparo que impide por el momento que comparezca personalmente ante un juez, ya que enfrenta acusaciones que son de prisión oficiosa, señalaron funcionarios ministeriales, luego de que en días pasados los agentes del Ministerio Público no se presentaron a la audiencia inicial citada por un juez con sede en Almoloya.

Los entrevistados explicaron que se le otorgó un recurso de manera irregular que le permite comparecer de manera virtual, lo cual es ilegal en un caso como éste, en que existe acusación de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

En febrero pasado, un juez de control con sede en Almoloya de Juárez otorgó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) la orden contra Beyruti y algunos de sus colaboradores que enfrentan los mismos cargos, por lo que también serían encarcelados en el Cefereso número uno, que se localiza en el mismo municipio.

Un mes después, el empresario obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión; sin embargo, la orden judicial no lo protege de ser detenido por la FGR, ya que los delitos se consideran graves.

Aunque el empresario y su defensa lograron que un juez de amparo permitiera que Beyruti participara en la audiencia a través de una videoconferencia, la FGR determinó que sus fiscales no asistieran a la diligencia porque sería convalidar una determinación que es contraria a derecho y que se combate a través de un recurso de apelación.

Beyruti es presidente de GIN Group, considerado la mayor empresa de subcontratación en el país, y accionista en otras 90 compañías que son investigadas por participar en operaciones de facturación falsa.

Los funcionarios ministeriales entrevistados refirieron que las acusaciones se sustentan en los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera, tras detectar esquemas mediante los cuales se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar 30 mil millones de pesos.