Menos de cinco de cada 100 migrantes que buscan asilo en Estados Unidos y que han sido obligados a esperar en territorio mexicano la resolución a sus peticiones cuentan con un abogado, lo que impacta negativamente en sus posibilidades de recibir una respuesta positiva en un país donde hay cerca de millón y medio de solicitudes pendientes en tribunales migratorios, de acuerdo con datos oficiales y de organizaciones defensoras de derechos humanos.

La magnitud de este problema es tal que el gobierno mexicano ha planteado a la administración de Joe Biden que, ante la reinstalación del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) –que volverá a aplicarse a partir de mañana– se deben “mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios, mismos que deben realizarse de la forma más expedita posible”, según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) indican que solamente contaban con abogado 4.7 por ciento de las más de 60 mil personas migrantes sujetas al MPP durante el gobierno de Donald Trump, quien instauró la estrategia que fue cancelada en enero de este año por Biden y que será reinstaurada por mandato judicial.

Según un reporte sobre el funcionamiento del programa Quédate en México –como se conoce informalmente el MPP– realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración, la mayoría de las personas sujetas al mismo no tienen acceso a representación legal y sin ella “es muy difícil ganar un caso de asilo en Estados Unidos”.

Agrega que algunas organizaciones de apoyo legal de Estados Unidos ofrecen información sobre el sistema de asilo, y en algunos casos, como en Tijuana y Matamoros, trabajan con voluntarios para ayudar con el llenado de los formatos de solicitud.

Además, según diversos reportes, las autoridades estadunidenses dieron a los solicitantes de asilo una lista de servicios legales baratos o gratuitos a los que podrían recurrir para recibir asesoría en sus procesos migratorios, pero muchos alegaban que no conseguían contactar abogados porque estaban varados en México.

Que se conceda o no el asilo es una decisión que depende de los jueces de inmigración de Estados Unidos, cuyos tribunales en la materia tienen pendientes de resolución un millón 486 mil 495 casos, según cifras del TRAC.