Conforme al nuevo sistema de justicia, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con 15 días hábiles para formalizar las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, por haber recibido sobornos de 13.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y del empresario Alonso Ancira.
El desahogo de las pruebas se llavará a cabo hasta el año entrante, con la posibilidad de irse a un juicio abreviado que podría disminuir la condena que se le dicte, ya que perdió la ventaja que tuvo al ser considerado para formar parte de un criterio de oportunidad para inculpar a otros de delitos relacionados con actos de corrupción y no ser sancionado, indicaron funcionarios federales.
Ayer concluyó el plazo establecido por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza para que el Ministerio Público y la defensa de Lozoya recopilaran pruebas de la culpabilidad o inocencia, respectivamente, respecto de los cargos que se han presentado al ex director de Pemex.
En sus comparecencias ante el Ministerio Público Federal –la primera en agosto de 2020–, Lozoya Austin reconoció haber recibido 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2015 de Odebrecht, a fin de que la beneficiara con contratos en Pemex, y tres millones de dólares del empresario Alonso Ancira para que la petrolera mexicana adquiriera, con sobreprecio de 200 millones de dólares, la productora de fertilizantes denominada Agronitrogenados.
De esta manera, la FGR cuenta con 15 días hábiles para entregar el expediente al juez de control y entonces se darán 10 hábiles a la defensa para conocer los expedientes de las causas penales 211/2019 y 261/2019 y presentar sus argumentos. A partir de ello se fijará una fecha para la audiencia en la que se desahogarán las pruebas del Ministerio Público y de la defensa del ex funcionario.
Desde su extradición a México, en julio de 2020, Lozoya Austin había permanecido en libertad, ya que la FGR negociaba un acuerdo para que sirviera como testigo colaborador contra otros ex servidores públicos y legisladores que presuntamente se beneficiaron de los recursos entregados por Odebrecht.
Sin embargo, a principios de noviembre y tras más de 15 meses de libertad condicional, Lozoya Austin quedó preso en el Reclusorio Norte a solicitud de la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera para enfrentar un juicio por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
