Hasta el 7 de marzo de 2022 se sabrá si las 10 personas físicas y morales, presuntas responsables de homicidio, lesiones y daño a la propiedad por el colapso de dos trabes del viaducto elevado de la línea 12 del Metro, también conocida como línea dorada, son vinculadas a proceso.

Por segunda ocasión, el juez difirió la audiencia, que se realizó ayer a puerta cerrada y en la que no se entró al tema de la imputación de los presuntos responsables porque durante casi seis horas la discusión se centró en la exigencia de los abogados de las víctimas para conocer el contenido del acuerdo reparatorio del daño entre las autoridades capitalinas y los representantes de Carso Infraestructura y Construcción.

Entre los 10 acusados se encuentra el ex director general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, quien llegó a las 9 de la mañana a las salas de oralidad del Poder Judicial y antes de ingresar leyó un posicionamiento en el que afirmó ser inocente.

“No comparto la posición de la Fiscalía cuando pretende imputarme unos supuestos fallos en la construcción y exonera a las empresas constructoras”, y anunció que solicitaría por medio de su abogado, Gabriel Regino, que sin aceptar responsabilidad de culpa fuera adherido al acuerdo reparatorio entre las autoridades y Grupo Carso.

Por su parte, Regino acusó a la FGJ de llegar a dicho acuerdo el lunes pasado, por lo que solicitaría al juez extinguir la acción penal contra su cliente.

“Esto demuestra la manipulación y la intencionalidad política con la que se ha conducido la Fiscalía, es una gravísima irregularidad, en ninguna parte del país puede darse un caso donde existiendo el acuerdo reparatorio se pretenda investigar ese hecho imputando personas ajenas”, al referir que no puede correr la indagatoria por vías separadas porque es una misma investigación.

Cristopher Estupiñán, quien representa a más de 20 víctimas, señaló que hay falta de transparencia en el acuerdo reparatorio firmado el 28 de octubre, del que se desconocen detalles y montos, además de que se entregaron de último momento dos tomos de la carpeta y la ausencia de un acusado.

Sin embargo, aclaró que no estuvo de acuerdo en que la audiencia se difiriera tres meses, “pues busca cansar a las víctimas en un proceso en el que la justicia no es pronta ni expedita”, por lo que recurrirá al juicio de amparo para revocar el acuerdo entre el gobierno y Grupo Carso.

El abogado de ocho víctimas, Teófilo Benítez, opinó que postergar la audiencia “es algo benéfico porque hemos visto las deficiencias que trae la carpeta y no está robustecida con una veracidad, que tenga un soporte técnico y científico para aguantar la imputación correcta”.