El secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, instó al Congreso de la Ciudad de México a legislar para reconocer en la ley los derechos laborales para repartidores de alimentos preparados, víveres y mercancías.
Al comparecer ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, dijo que el gobierno tiene que generar acciones de política pública, pero lo fundamental es el reconocimiento de sus derechos laborales y eso está en el ámbito legislativo.
Recordó que el Congreso local tiene facultades para presentar al federal iniciativas de reforma, en este caso a la Ley Federal del Trabajo, para que las empresas de plataformas digitales reconozcan la relación laboral de quienes reparten con sus aplicaciones.
Reconoció que ya hubo un primer paso con el foro organizado hace días por la diputada Marcela Fuente Castillo, de Morena, y ofreció legislar de manera conjunta para evitar la precarización de quienes realizan esas actividades.
En su exposición, Rodríguez reiteró que el pago que se plantea en la iniciativa de reformas al Código Fiscal es de 2 por ciento por el uso y aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad sobre cada entrega realizada por el comercio electrónico en el reparto de alimentos, mercancías o víveres y debe ser para las empresas que operan las plataformas y no a los repartidores ni al consumidor.
Por otra parte, dentro de las mesas de análisis del Presupuesto de Egresos 2022, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, expuso que en su plan de trabajo se atenderán temas como el derecho de la ciudad al crecimiento urbano, agua y aire, así como la violencia y la conflictividad social, que asociada a la pandemia tendrá un incremento, desde el ámbito familiar al comunitario, así como de una crisis de salud mental: “de hecho ya observamos en los indicadores un incremento en el suicidio entre adolescentes y depresión en mujeres, niñas, niños y adolescentes; nos está llamando la atención sobre lo que puede ser la gran crisis de salud”.
Asimismo, planteó un incremento de 16 millones de pesos sobre su techo presupuestal de 452 millones 865 mil 456 pesos, para aumento salarial de sus trabajadores.
En contraste, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México presentó una solicitud de incremento en su presupuesto de 44 por ciento –a pesar de que el siguiente no es año electoral–, de 386.7 millones de pesos sobre los 214.3 que ejerció en 2021.
