Hace unos días, Santiago Creel dijo en una entrevista que la expectativa de la oposición oligárquica articulada en Va por México consiste en (sic) “ir reconstruyendo un proyecto político que ya viene con la experiencia de muchos gobiernos con aciertos y fallas, poniendo énfasis en las fallas, para ser realmente algo diferente de lo que se había venido dando en nuestros gobiernos” (https://is.gd/N2idlB).
Lo cierto es que en cuatro décadas esos gobiernos neoliberales mencionados por el ex secretario de Gobernación no fueron capaces de producir nada “realmente diferente” y que el único proyecto de país que ha podido diferenciarse de ellos ha sido la Cuarta Transformación.
Más allá de la patente confusión conceptual de Creel, es claro que esa oposición tripartidista tiene ante sí un largo camino para reconfigurarse como alternativa de poder mínimamente creíble tras estos tres años de vértigo transformador que ha dejado ya bases perdurables. En lo político, lo económico, lo social y lo institucional, el país se ha visto sacudido días tras día por cambios de fondo y de forma muy difícilmente reversibles: ¿con qué cara podría un presidente futuro reconstituir el Estado Mayor Presidencial? ¿Cómo harían las bancadas legislativas al servicio de la oligarquía para sacar de la Constitución los programas sociales de la Cuarta Transformación? ¿De qué manera podrían hacer aceptable el retorno al desmantelamiento del sector energético nacional? ¿Cómo devolver a los asalariados a la costumbre de la congelación salarial? ¿Qué circunstancias se requerirían para que un gobierno volviera a declarar una guerra contra la sociedad, como lo hizo Felipe Calderón? ¿Cómo suprimir los programas de apoyo al campo sin provocar una revuelta?
Pero a este gobierno aún le quedan por delante tres años de transformaciones necesarias que implican duras luchas políticas: en lo inmediato es necesario ganar la de la reforma eléctrica, una modificación constitucional indispensable para garantizar la soberanía energética, la seguridad del sistema eléctrico nacional, la certeza de abastecer a la población con electricidad a precios estables y accesibles, la integración del sector energético como promotor de desarrollo con sentido social y la posibilidad de emprender una transición energética acorde con las necesidades y posibilidades de México, es decir, sin ceder a las presiones hipócritas de gobiernos y organismos internacionales que, en nombre del ambientalismo, buscan mantener y ensanchar las desmesuradas y corruptas ganancias que las corporaciones energéticas privadas obtienen en nuestro país.
En el horizonte inmediato está también la disputa por la realización de la consulta de revocación de mandato, un ejercicio democrático que va mucho más allá de un referendo sobre la Presidencia actual: sacar adelante ese proceso implica darle un tren de aterrizaje al artículo 39 constitucional –“el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”–, cimentar la soberanía popular como fundamento del poder político y dejar sentado un instrumento de defensa de la sociedad ante malos gobiernos. Esta es precisamente la razón por la cual el bando de la oligarquía neoliberal –con sus tres partidos, sus medios (des)informativos, sus organizaciones cúpula, su comentocracia y los organismos autónomos bajo su control– se opone con todas sus fuerzas a la realización de la consulta de revocación de mandato: le tiene pavor a la consolidación de una democracia participativa en la que se pregunte al pueblo sobre asuntos relevantes y trascendentes del acontecer nacional. Y la Cuarta Transformación, por su parte, tiene el desafío de lograr que la consulta se lleve a cabo y de impedir que la presidencia del Instituto Nacional Electoral minimice su alcance.
Lo que falta en materia de combate a la corrupción, a la impunidad, a la inseguridad y a la violencia, pasa en buena medida por una reforma al Poder Judicial –en cuyo seno se encuentra fincada una de las raíces más robustas de esos males– que asegure reacciones ágiles ante la acción de jueces venales, de tribunales afectados de tortuguismo y de instancias infectadas de influyentismo. Adicionalmente es necesario ganar gubernaturas y congresos locales para emprender una urgente tarea de limpieza en las fiscalías y policías estatales que hoy en día siguen coludidas con la delincuencia organizada.
Aunque no menos importante, la regeneración institucional de las dependencias del Ejecutivo federal debe intensificarse a fin de contar con instrumentos de gobierno probos, ágiles y eficaces. Y finalmente, debe redoblarse el paso en la inmensa tarea de la revolución de las conciencias, la transformación ética sin la cual toda la obra transformadora conseguida hasta ahora correrá el riesgo de ser revertida.
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