Este viernes concluyó la investigación complementaria en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, relacionados con los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por los que el ex funcionario recibió sobornos por un monto mencionado hasta ahora de 13.5 millones de dólares.

Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá 15 días hábiles para presentar formalmente la imputación - conforme a lo establecido en la segunda etapa del proceso penal- en contra de Lozoya, y con ello dar a conocer las pruebas y testimonios que obtuvo en contra del ex director de Pemex.

Por su parte, la defensa del ex funcionario tendrá otros 10 días hábiles para combatir la imputación presentada por la Fiscalía.

Este viernes, sin que hubiera audiencia conforme a lo establecidos por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, terminó el plazo en el que el Ministerio Público y la defensa de Lozoya podían recopilar pruebas de la culpabilidad o inocencia respecto de los cargos que se han presentado al ex director de Pemex, acusaciones en las cuales se ha señalado (y él ha reconocido) que recibió 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2015 de parte de la constructora brasileña Odebrecht a fin de la beneficiara con contratos en Pemex, y 3 millones de dólares del empresario Alonso Ancira para que la petrolera mexicana adquiriera con sobreprecio de 200 millones de dólares, la empresa Agronitrogenados.

Desde su extradición a México, en julio de 2020, Lozoya Austin había permanecido en libertad, ya que la FGR negociaba un acuerdo para que el ex funcionario sirviera como testigo colaborador en contra de otros ex servidores públicos y legisladores, que presuntamente se beneficiaron los recursos entregados por Odebrecht.

Sin embargo, a principios de noviembre y tras más de 15 meses de gozar de libertad condicional, Emilio Lozoya Austin quedó preso en el Reclusorio Norte a solicitud de la FGR, de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para enfrentar un juicio por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.