Durante su participación en el décimo Seminario Internacional Corrupción Política en América Latina, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, sostuvo que ha habido avances en algunos indicadores, pero “no estamos satisfechos”. Informó que entre septiembre de 2020 y junio de este año, la SFP impuso 219 sanciones a funcionarios públicos por un total de 3 mil 658 millones de pesos, además de mil 351 inhabilitaciones para trabajar en el gobierno.
En una conferencia magistral en el evento organizado por la Red por la Rendición de Cuentas, Salcedo mencionó que de acuerdo con la medición anual de percepción de la corrupción, “México cuenta con avances. Conforme a los resultados de las ediciones de 2020 y 2021, nuestro país ha recuperado 14 posiciones y ha mejorado tres puntos al pasar del lugar 28 al 31 en tan sólo dos años. Esto nos sacó del semáforo rojo y nos colocó en naranja, si bien aún queda un largo camino por recorrer”.
Al detallar los desafíos que se enfrentan en el combate a la corrupción, destacó las complicaciones para su medición. El secretario enfatizó que la mayoría de los estudios concluyen que 80 por ciento de los actos de corrupción se cometen en obra pública y en compras. A fin de detectar irregularidades en ambas materias, se estructuró una unidad.
Salcedo añadió que en el combate a la impunidad se sancionó a 155 licitantes y proveedores. Las multas impuestas ascendieron a 154 millones de pesos, 300 por ciento superiores al periodo anterior a la publicación, en 2021.
Citó la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental, mediante la cual se identificó que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción a escala nacional, entre 2017 y 2019, disminuyó en cuatro puntos porcentuales. Esto se reflejó en la percepción de corrupción en el gobierno federal, la cual presentó una reducción de 20 por ciento. Se incrementó la confianza en este orden de gobierno, cuya medición aumentó 25 puntos porcentuales.
El secretario admitió: “no estamos satisfechos con la situación, pero el combate contra estos flagelos ha arreciado. Confiamos en que seguiremos avanzando. El principio de responsabilidad nos impele a continuar con la lucha emprendida y fomentar la ética pública en el manejo de los recursos que pertenecen a todos”.
