México y Estados Unidos acordaron reactivar a partir del lunes el programa Quédate en México, con el que se obliga a los migrantes que solicitan asilo en aquel país a permanecer en estados fronterizos mexicanos hasta que sus trámites sean definidos por las cortes estadunidenses en la materia.
La polémica decisión se tomó luego de negociaciones entre representantes de ambas administraciones, pues la Casa Blanca buscaba cumplir con la orden de una Corte federal con sede en Texas para reinstalar el programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), y que fue uno de los estandartes antimigratorios del ex presidente estadunidense, Donald Trump.
El gobierno mexicano aceptó la nueva ejecución de la controvertida medida debido a que el de Estados Unidos “tomó en cuenta nuestras preocupaciones humanitarias, por lo que habrá cambios”, expresó a La Jornada un importante funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que participó en las negociaciones.
Agregó que el programa comenzará a operar una vez más a partir del lunes de la siguiente semana.
El acuerdo ha causado alarma entre organizaciones civiles y agencias internacionales que trabajan el tema migratorio que han documentado los riesgos y violaciones a derechos humanos que enfrentaron en algunas entidades del norte de México cientos de los más de 70 mil migrantes adheridos a los MPP durante su vigencia (de enero de 2019 a enero de 2021), entre ellos extorsiones, secuestros, violaciones sexuales (a las mujeres), robos y hasta asesinatos.
Uno de los puntos de mayor riesgo es Tamaulipas, donde organizaciones no gubernamentales han advertido que la entidad, en particular en la fronteriza Nuevo Laredo, “hay altos riesgos de secuestro para migrantes”, 43 por ciento de los solicitantes de asilo atendidos por Médicos Sin Fronteras en esa ciudad, habían sido víctimas de ese ilícito.
La alarma es mayor debido a que en un documento oficial, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), detalló que los puntos de devolución a México son: San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Los últimos, fronterizos con Tamaulipas.
Funcionarios del gobierno mexicano señalaron a este diario que el DHS emitió una aclaración y que los retornos se harán en principio “por un punto y en unas semanas pasará tres”. En su comunicación aclaratoria, el DHS señaló: “regresaremos a los individuos comenzando en un lugar. Ambos países comparten preocupaciones sobre la seguridad”.
La administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no deportar a los migrantes que estén en procesos para obtener el asilo en el vecino país del norte.
“El gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”, apuntó la cancillería en un comunicado.
El DHS informó que los cambios solicitados por México son: un compromiso de que los procedimientos de asilo se concluirán dentro de seis meses del retorno del solicitante; brindarles oportunidades para tener acceso seguro y comunicación con representantes legales durante sus entrevistas y audiencias en la corte; procedimientos para mejorar los principios de no devolución; incrementar la cantidad y calidad de información que los migrantes inscritos reciben sobre el programa; además se excluirá a “personas particularmente vulnerables” y se ofrecerá vacunas contra el Covid-19 a todos los inscritos en el Quédate en México.
