El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) rechazaron el restablecimiento del polémico programa Quédate en México –acordado por Estados Unidos y México– y enfatizaron que no apoyarán su reactivación.
La Acnur subrayó que las modificaciones anunciadas por ambos gobiernos resultan insuficientes para brindar certeza y seguridad a todos los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y sean enviados a México, como lo asienta el programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
Recordó que desde el inicio del programa –en enero de 2019 durante el gobierno del ex mandatario estadunidense Donald Trump– “ha expresado su grave preocupación por los MPP y su impacto en la seguridad de las personas solicitantes de asilo y su derecho al debido proceso. Las modificaciones anunciadas a esta política no son suficientes para dar respuesta a estas preocupaciones fundamentales”, remarcó.
La Agencia para los refugiados de la ONU remarcó que “no apoyará el restablecimiento de esta política”.
De su lado, la OIM recordó que desde el inicio de los MPP los ha criticado públicamente “por considerarla inhumana y contraria al derecho internacional, ya que pone en peligro a las personas en contextos de movilidad”. En sus redes sociales, esta agencia de la ONU instó a las autoridades de Estados Unidos a poner fin lo antes posible y de forma definitiva a los MPP.
Indicó que desde el inicio del plan ha brindado asistencia humanitaria a las personas que se encuentran en la frontera, incluidos los sujetos a los MPP. “Nuestra intervención desde OIM puede hacer la diferencia en la protección de personas bajo MPP, en la mitigación de riesgos, la respuesta y prevención de violencia de género, la lucha contra la trata de personas, la salud mental, el apoyo sicosocial y la protección a niñez”.
A los organismos internacionales se sumaron el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Save the Children que también manifestaron su preocupación por los MPP. El Imumi destacó que con esta medida, el gobierno mexicano “nuevamente se vuelve cómplice de la violación a derechos de las personas solicitantes de protección internacional”.
Señaló que durante los dos años que estuvo activo el programa, “la mayoría de la población regresada a territorio mexicano permaneció en condiciones inhumanas y fue víctima de secuestros, violaciones y otros actos violentos –incluso la muerte–, agresiones cometidas por agentes de migración, policías y crimen organizado. A la fecha no existe ninguna investigación por parte del gobierno mexicano sobre estos hechos”.
