El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fincado buena parte de sus apuestas en la producción de una diversidad de decretos y reformas constitucionales, como ejes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que encabeza; modificaciones que han resultado en algunos casos polémicas e incluso han sido calificadas de peligrosas por diversas voces, que han advertido en ellas riesgos para la consolidación de la democracia en México.
Como es bien sabido, la viabilidad y fortalecimiento de las democracias descansa en una efectiva distribución del poder, en el marco de un sistema de pesos y contrapesos que tiene como principales vértices los tres poderes de la unión; de modo que se garantice la consideración de los intereses de todos los sectores sociales en los procesos de deliberación y toma de decisiones sobre los asuntos públicos. No obstante, también es de todos sabido que, en la historia del nuestro país, dichos supuestos teóricos no condicen con una realidad en que la subordinación al Ejecutivo de los poderes Legislativo y Judicial ha sido tradición.
En el trance del inicio de la segunda mitad del gobierno de López Obrador y tras los resultados electorales de este año, que –no obstante mermas menores– refrendaron el control de la 4T sobre el Poder Legislativo, en clave democrática, sólo parece haber quedado el Poder Judicial como único contrapeso del Poder Ejecutivo.
Pese a las múltiples sospechas que en el pasado reciente se han expresado respecto de supuestas cercanías e influencias de la 4T con el Poder Judicial, un rápido balance de hechos sugiere que el Poder Judicial, específicamente a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha desempeñado en efecto un papel de contrapeso fáctico para el Ejecutivo, pues ha detenido e invalidado un importante grupo de reformas. Veamos los indicios.
Hasta finales de octubre de este año, se han reformado sin mayor contratiempo en el Congreso unos 55 artículos constitucionales; cifra que, si bien es considerable, no supera el volumen de reformas realizadas durante los respectivos tres primeros años de gestión de los dos anteriores sexenios. Por otro lado, entre el 1º de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional; y cientos de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso; cifra que, ésta sí, constituye un hito, pues representa la cantidad más alta de impugnaciones en la historia democrática del país.
La relevancia que la SCJN ha tomado recientemente, ante casos emblemáticos como la objeción de conciencia y la interrupción legal del embarazo; las llamadas ley Bonilla y ley Zaldívar; el Registro de Detenciones y el Padrón de Datos Biométricos, entre otros, parecen ser sólidas evidencias de la disposición del Poder Judicial, en su conjunto, y de la Suprema Corte, en particular, de asumir un saludable rol de contrapeso efectivo frente a un Ejecutivo tan dominante.
Uno de los temas de debate más notables de días recientes ha sido el decreto publicado el pasado 22 de noviembre, mediante el cual López Obrador declaró como asunto de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por el gobierno federal, con el argumento de que ello permitiría superar el obstáculo que para su ejecución representan diversos trámites burocráticos. Más allá del argumento del Ejecutivo, el decreto refuerza en la práctica una sobreprotección a las obras emblemáticas de la 4T que supone dar pasos atrás en materia de transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, hay que recordar que las obras que son principal objeto del decreto están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que tradicionalmente ha sido de las menos dóciles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y a la que López Obrador ha confiado crecientes facultades y encomiendas de naturaleza civil.
A dicha discusión pública hay que sumar la reciente resolución de la primera Sala de la SCJN del 24 de noviembre, que decidió llevar al pleno la discusión sobre el acuerdo presidencial presentado en mayo de 2020 que militariza la seguridad pública en México; tema que hoy multiplica su carácter de urgencia a la luz de las más recientes cifras oficiales que dan cuenta del incremento de la letalidad de las fuerzas armadas durante este régimen, en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Así, hoy con mayores expectativas que en otros tiempos, los ojos están puestos sobre la Suprema Corte. De cara a la segunda mitad del gobierno de un presidente que ha dado inquietantes muestras de creciente concentración de poder, la SCJN y el Poder Judicial tienen ante sí la oportunidad de reivindicar el papel de legítimo contrapeso que le concede la más elemental teoría de la democracia y de cara a una realidad histórica en la que la militarización, el debilitamiento de los organismos constitucionales autónomos y los riesgos de retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, asoman como preocupantes signos de debilitamiento democrático.
