El Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha sido “insuficiente” debido a que aún prevalece la impunidad en los delitos cometidos en su contra, sostuvo el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

En los tres años del actual gobierno, detalló, se han perpetrado 96 homicidios en ese sector, con un índice de impunidad de 98 por ciento en los casos de los defensores de derechos humanos y 94 por ciento en los de periodistas.

“Necesitamos que las instancias de procuración y de impartición de justicia hagan su trabajo”, subrayó, mientras distintos representantes de instancias en la materia coincidieron en que autoridades de estados y municipios son los principales agresores.

El 25 de junio de 2012 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó el mecanismo referido. Rumbo a los 10 años de esta legislación, ayer se realizó en el Museo de Memoria y Tolerancia el primer encuentro internacional de este tipo de mecanismos, con la participación de representantes de Guatemala, Honduras, Brasil, Perú y Colombia, así como de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al exponer los retos en México, Encinas apuntó que uno de los ejes que no se ha podido consolidar en este contexto es un proyecto que integre a todas las instituciones públicas, ya que al centralizar las acciones en el mecanismo, se generó que “las autoridades locales, tanto en estados como en municipios, se desentendieran de su responsabilidad”.

Por ello, dijo, “también hay graves responsabilidades de la propia autoridad, porque 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos provienen particularmente de autoridades del orden municipal y local”.

Llamó a pasar de un mecanismo reactivo a uno preventivo, con un nuevo sistema nacional de protección y garantía de los derechos de estas actividades, en las que cada autoridad en el ámbito de su competencia tenga acciones que cumplir y haya mecanismos de control, porque “de nada sirve un mecanismo donde autoridades locales se desentienden de su responsabilidad”, insistió.

Este tipo de encuentros, destacó, permitirán, junto con el Congreso de la Unión, la formulación de una reforma para garantizar el derecho de la libertad de expresión y de la defensa de las garantías fundamentales. Confió en que en el próximo periodo de sesiones haya una respuesta a esta necesidad.

Por su parte, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, también coincidió en que autoridades locales se “desentienden” y son agresoras, lo cual representa más de 40 por ciento del problema.