El artículo “Desapariciones, con impunidad casi total y estructural” ofrece una síntesis, sin perder un ápice, de la magnitud de la tragedia humana que abate a la nación. Esa magnitud se vincula directamente al inmenso daño multidimensional infligido a la población y la economía de México después de seis sexenios al hilo de esa guerra de clase que se disfraza de “neoliberal” con la que Estados Unidos (EU), desató guerras de agresión (Afganistán, Irak, Libia) y “guerras irregulares” bajo rótulos de “antiterroristas”, “contra el narcotráfico” o el “crimen organizado” y tipo “Plan Colombia” e “Iniciativa Mérida”.
Recuérdese que ante el colapso militar-estratégico en Vietnam, Nixon y Kissinger instauraron en América Latina el terror, usado en Brasil desde el golpe de 1964 contra Goulart, seguido de baños de sangre en Chile, Argentina y Uruguay. Desde ese terror dirigido a la población se usa a Bretton Woods y sus dispositivos (FMI, Banco Mundial y años después BID).
Ante el deterioro hegemónico, EU impulsó una guerra de clase oligárquico-imperial recortando subsidios a campesinos, indígenas, trabajadores, clases medias, censura y quemas de libros, persecuciones, asesinatos, masacres y desapariciones como políticas de Estado.
La combinación del terror de Estado con un programa de devastación presupuestal de la industria y el aparato productivo, la infraestructura hidráulica y eléctrica, el bienestar, universidades y hospitales como componente del “ajuste estructural (FMI-BM-BID) procediendo a despojos y privatizaciones a granel con el paso de la riqueza pública a privados de dentro y fuera incluyó los tratados. TLC y T-MEC para proteger a las grandes corporaciones de EU y sus socios de las nacionalizaciones.
Además del presupuestal, el ataque policial-militar a la población y la toma del aparato productivo, con el vital sector energético en la mira hemisférica de EU, se relaciona con la enorme oleada que invade la nación de todo tipo de armas, la creciente ilegalidad y la criminalidad en todas sus dimensiones, incluyendo a la de cuello blanco privada y pública.
La ausencia de un Poder Judicial se deja ver: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informa que de mil denuncias, entre marzo y septiembre de 2021 se dio carpetazo a 12 casos contra funcionarios o ex servidores por desvíos en diversas dependencias como la Lotería Nacional, Pemex, SAT, la Secretaría de Agricultura, el Fideicomiso de Bienes Compartidos, municipios de varios estados y Financiera Rural, denuncias que la ASF presentó entre 2001 y 2018 contra esos servidores públicos ( Milenio, 29/11/21 p.6). Por su parte el presidente López Obrador denunció el desvío por parte de los gobiernos neoliberales de 8 mil millones de dólares que estaban destinados para modernizar las refinerías.(Ibid, p.7)).
Lo histórico está en la base de lo abordado por la ONU. El ajuste estructural persiste en las Asociaciones Público-Privadas del BM que hoy alimentan impunidad, contubernios, despojos en detrimento de lo público vinculado ahora a fortalecer la economía popular, la campaña contra la pobreza y la absorción no-violenta de la criminalidad.
Estremece el detalle de lo esencial en las conclusiones de la evaluación del grupo de la ONU sobre un fenómeno atroz. Así de brutalmente francas y valiosas son las observaciones, alertas y sugerencias que ofreció esta delegación que nos visitó, a través de su jefa Carmen Rosa Villa Quintana ( La Jornada, 27/11/2021)
Tratándose de un organismo internacional, la ONU, que sigue principios consignados en su Carta, da muestras de vitalidad ante la sensata observación de Alejandro Encinas en el sentido de que la graves amenazas de la descomposición que enfrenta al pueblo de México y su gobierno, la inmensidad multidimensional que enfrentamos debe abordarse tanto desde lo inmediato como desde la lista de heredados errores y horrores político-económicos no menos que policial-militares.
La historia importa para enfrentar la mortandad que desde 2006 aqueja el alma nacional: más de 95 mil seres humanos desaparecidos. Cuando Felipe Calderón asaltó el poder, luego del fraude electoral, reconoció que llegó a la presidencia gracias a un “haiga sido como haiga sido” y no por la honestidad de comicios republicanos.
Sin más análisis sobre fortalezas y debilidades del aparato judicial, de las policías a todo nivel, municipal, estatal, federal internacional –con énfasis en la renuencia de Washington por lidiar con el inusitado aumento de la demanda de drogas y una ampliación en la gama de negocios criminales– decidió declarar una “guerra al narcotráfico”. Poco después ese presidente, para beneplácito del Pentágono lanzó la temeraria e irreflexiva medida de sacar a los militares de sus cuarteles, sin mayor evaluación de los elementos componentes del campo de batalla. Tampoco revisó las sustanciales vulnerabilidades del Poder Judicial, patéticamente a la vista ciudadana ,vulnerabilidades que padecía –y padece– ese sistema judicial, un poder de justicia absolutamente indispensable en toda campaña contra el crimen organizado.
Mucho antes de ascender a la presidencia López Obrador estaba al tanto del predicamento de esas vulnerabilidades. Desde temprano en su gestión ha estado tratando el asunto. Alienta una reforma sin afectar la independencia de los otros dos poderes del Estado.
Poco después, en ese sexenio calderonista, desde el PRI se planteó curiosamente la abrogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas de 1939 ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esa ley no se admite armamento –ni personal– extranjero en toda la jurisdicción de México. La coalición prianista ¿estaba contemplando introducir armas y personal militar en el país o, peor aún, establecer bases extranjeras acá?
