Ciudad de México. Con el Ejército como la mayor constructora del país, 2 mil 500 empresas del sector dejaron de operar en los últimos dos años. “No sabemos si desaparecieron, pero no tienen obra”, expuso Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Detalló que desde 2018 comenzó el declive en el sector de la construcción y se acentúo con “el gran descalabro” que implicó la pandemia de Covid-19 para la economía mexicana. Como resultado, en 45 meses la industria se ha reducido 14.4 por ciento, la producción de las empresas que operan en ella lo ha hecho 25.8 por ciento y la inversión 16.9 por ciento.

En conferencia de prensa, Solares Alemán señaló que “actualmente la constructora más grande del país es el Ejército, lo que ha reducido la participación de las empresas comerciales”, pero tambié con los militares a cargo, hay una mayor opacidad en el gasto de obra pública.

Cuánta participación de mercado quitó el Ejército a las constructoras no se puede saber a detalle porque “las fuerzas armadas tienen una ley que les permite o autoriza no dar información sobre el destino y el uso de sus presupuestos”, explicó el presidente de la CMIC.

Sin embargo, basta con ver todas las grandes obras de infraestructura de la actual administración —las sucursales del Banco del Bienestar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, parte de la refinería de Dos Bocas y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)— para entender el repliegue de las empresas privadas, amplió Alfonso Carrillo Silva, director general del Observatorio de la Construcción.

Presumen desvío a Pemex

Sobre la opacidad de los recursos, Carrillo Silva explicó que entre las dependencias y organismos a los que se da seguimiento a través del Observatorio se advierte un subejercicio de casi dos terceras partes del presupuesto asignado para 2021.

Con base en datos públicos, detalló que el monto de recursos licitado hasta noviembre no rebasa 35 por ciento del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para obra pública, lo que hace suponer a los constructores “un desvío de fondos” para pagar la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“¿Subejercicio o falta de transparencia? Ambos son graves”, recalcó Carrillo Silva, pues tanto la Ley de Obra Pública mandata la publicación de este tipo de gasto, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla mecanismos para reasignar recursos.

Concentración

La CMIC calcula un crecimiento anual de 27.5 por ciento en el presupuesto etiquetado como obra pública para el próximo año. Sin embargo, se advierte que prácticamente siete de cada diez pesos bajo este concepto irán a Pemex, para luego concentrarse 15 por ciento en el Tren Maya, el AIFA y el CIIT.

Como contraparte, 3.3 por ciento irá a la Comisión Nacional de Agua y 0.5 por ciento a los tres ramos que tienen a su cargo salud, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. En ese punto, Solares Alemán subrayó que se requiere más inversión púbica para incentivar la privada, pues la primera cerrará este año en cerca de 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

También urgió una mayor distribución del gasto, dado que “hay una enorme disparidad de los recursos, de acuerdo a la zona geográfica del país”. De acuerdo con el análisis de la CMIC, Campeche y Tabasco concentran más de 60 por ciento de presupuesto para obra pública del próximo año, mientras Colima y Aguascalientes suman 0.2 por ciento.

En riesgo obras emblema

Más allá de los recursos presupuestales, tampoco hay esbozos del tercer paquete de inversión en infraestructura que prometió el gobierno federal y cuyos proyectos deben realizarse con dinero de privados. Hasta ahora sólo han iniciado obras por 30 por ciento de los más de 525 mil millones de pesos que sumaron los dos primeros anuncios hechos a finales del año pasado, abundó Carrillo Silva.

El líder de las empresas constructoras recalcó que además de la caída en la actividad económica, la reforma en subcontratación y la iniciativa de reforma eléctrica, el sector se enfrenta a una inflación de casi 17 por ciento en los materiales para construcción, a lo que se sumará el encarecimiento del acero por el cierre de fábricas en China, un hecho que también pondrá en riesgo la conclusión de las obras emblema del actual gobierno federal.

La industria de la construcción prevé crecer 6 por ciento este 2021, lo cual no compensa las caídas acumuladas de tres años previos. Ante esta situación se requiere apoyo del gobierno federal, “quizá no con dádivas, sino con trabajo”, pidió Solares Alemán.