La Habana. En menos de tres meses de aplicación de un paquete de leyes que permitió en Cuba la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas luego de casi cinco décadas de prohibición, las autoridades aprobaron casi 900 de ellas.

Un reporte del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) indicó que hay 901 nuevos emprendimientos aprobados bajo la norma que entró en vigor el 20 de septiembre. De ellos 854 son particulares, 18 estatales y 18 cooperativas. En conjunto generan 14 mil 162 puestos de trabajo, informó la dependencia en un comunicado.

Según la nueva ley las Pymes deben constituirse como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y pueden tener entre tres y 100 empleados. Estas pequeñas empresas pueden ser privadas o estatales, por ejemplo depender de una universidad o ministerio. La norma también flexibiliza la constitución de cooperativas.

La apertura de pequeñas y medianas empresas (pymes) es el más reciente paso de una serie de aperturas graduales a la iniciativa privada cerrada en 1968 cuando talleres, tiendas, bodegas o comercios fueron absorbidos por el Estado o clausurados como parte de una centralización similar a la de la aliada Unión Soviética.

Desde entonces los emprendimientos particulares fueron socialmente estigmatizados o clandestinos hasta un conjunto medidas aprobadas por el ex presidente Raúl Castro en 2010 –que permitió la ampliación del trabajo independiente del Estado pero no la constitución de empresas– a fin de socorrer a una economía con baja productividad y planteles estatales sobredimensionados.

El rostro de las ciudades cambió y miles de cubanos se lanzaron a abrir cafeterías y restaurantes, poner en marcha sus autos para convertirlos en taxis o reformar sus casas en pequeños hostales. Garajes se transformaron en talleres y se armaron pequeñas fábricas. En 2019 había casi 600 mil “trabajadores por cuenta propia”, pero muchos de ellos en realidad pequeñas y medianas empresas no reconocidas.

De hecho el informe del MEP indicó que de las 901 pymes el 58 por ciento son reconversión de negocios ya existentes, o sea que funcionaban antes como “trabajadores por cuenta propia” y el resto son iniciativas completamente nuevas.

Actualmente la nación caribeña sufre una crisis económica agravada por la pandemia, las propias ineficiencias y las sanciones de Estados Unidos que buscan asfixiar a la isla presionando un cambio de modelo político.

“Es un proceso (de inscripción) completamente digital. En conjunto demora menos de un mes”, dijo a The Associated Press Carlos Miguel Pérez, el directivo de Dofleini, una de las firmas recién autorizadas dedicada al desarrollo de software y que tiene seis socios y 47 empleados.

“Después el Ministerio de Economía la revisa buscando problemas e incongruencias… Si usted no tiene errores en la solicitud, como fue el caso de la mía, se aprueba en la misma semana”.

Pérez indicó que luego hay que hacer una cuenta de depósito en el banco, pasar por la notaría y la inscripción en la oficina de impuestos, entre otros pasos administrativos.

Dofleini se convirtió además en contratista del Estado, montando para el propio Ministerio de Economía la plataforma que los nuevos empresarios usan para interactuar.

“Ha tenido beneficios varios”, agregó Pérez, quien explicó que ahora puede contratar legalmente a sus empleados, acceder a un mercado mayorista -en su caso la compañía estatal de telecomunicaciones ETECSA le brinda un tratamiento de empresa-, a exportaciones y a créditos bancarios. “Nos ha abierto un mercado mayor. Las empresas estatales y extranjeras ven a Dofleini como más atractiva gracias a tener personalidad jurídica”.

Así las licencias para trabajo por cuenta propia quedará para emprendimientos individuales o el ejercicio de algunos oficios, y las pymes tendrán categoría de firmas como cualquier S.R.L en el mundo con capacidad de contratar, comercializar, exportar, tomar préstamos o responsabilidad por los adeudos.

Algunos emprendedores comentaron que las flamantes leyes y normas para pymes todavía tienen “baches” como la sindicalización de los empleados, procedimientos para casos de conflictos o sucesiones y dificultades para registrar nombres, entre otros.

El listado de las firmas ofrecido por el MEP mostró que entre las pymes aprobadas hay dedicadas a la refacción de automóviles, producción agrícola o láctea, de materiales de la construcción, de fabricación de muebles o colchones, textiles o servicios de diseño y hasta mantenimiento de parques.