La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México emitió la recomendación 11/2021 a la Secretaría de Salud local “por la omisión de garantizar el más alto nivel de servicio” a las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la capital.
La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, señaló que hubo “mala práctica médica, falta de atención especializada y material, así como personal o medicamentos adecuados para la atención de la enfermedad en las unidades médicas de esos lugares”.
En un videomensaje se informó que durante la integración del expediente de queja fallecieron 12 de 14 personas recluidas, mientras dos víctimas directas lograron sobrevivir, por lo que se verifica que reciban atención médica adecuada.
Además, se encuentran otras 19 de manera indirecta, dijo Ramírez, por lo que entre los puntos recomendatorios enlistó la inscripción de estas personas en el Registro de Víctimas local para que se generen los planes de reparación integral y la gestión de atención médica y sicológica.
La CDH presentó videos con testimonios de los afectados, en uno de los cuales una mujer relató que su esposo enfermó de diarrea, pero el personal médico de la penitenciaria sólo le administró paracetamol y naproxeno, pero luego presentó vómito y fiebre.
“En lugar de mejorar fue empeorando”, de 130 kilos que pesaba en dos meses y medio bajó a 45, y cualquier alimento lo vomitaba.
Le administraron medicamento para infección de riñón, lo que le provocó hipo 15 días. “Era un cadáver caminando”, dijo desconsolada al recordar que “alrededor de su boca tenía color negro, sus manos eran moradas y su piel verde”.
Agregó que no cuenta con el diagnóstico médico y que en la Penitenciaria no le informaron de su fallecimiento. Su esposo llevaba 20 años preso y le faltaban cuatro para cumplir su sentencia.
La presidenta de la CDH llamó a la autoridad responsable “a realizar las modificaciones necesarias para responder, en todo momento, con la debida diligencia y cuidados, sin discriminación o prejuicios hacia las personas privadas de la libertad para conseguir atención médica, mejorar la salud y preservar su vida y su integridad”.
