El pleno del Senado aprobó sancionar el robo de vacunas, medicamentos y equipo, con penas de hasta 10 años de prisión, que se elevan a 15 si quien lo comete es servidor público.
La reforma a la Ley General de Salud combate el mercado negro de fármacos, ya que tan sólo el año pasado, en plena pandemia, el robo se disparó 82.5 por ciento, y en lo que va de 2021, la Cofepris ha emitido cuatro alertas sanitarias por robos y seis por falsificación.
Las modificaciones a esa ley establecen una pena de tres a 10 años de prisión y multa de 9 mil a 89 mil 620 pesos cuando las vacunas sustraídas tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno y cuando sea de uso esencial durante la acción extraordinaria en materia de salubridad general.
Si en el robo está involucrado un servidor público, se le aplicará una pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 27 mil a 268 mil pesos.
Al presentar el dictamen, el senador del PRD Juan Manuel Fócil manifestó que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo al sector farmacéutico representó 5 por ciento de este ilícito en 2020. Precisó que la problemática que se pretende enfrentar radica en que en la legislación vigente el tipo penal de robo, aplicado al hurto de vacunas e insumos esenciales para la salud, no cuantifica el daño social que causa.
La senadora priísta Sylvana Beltrones manifestó en tribuna que este dictamen “nos sitúa frente a una realidad amarga: en medio de una de las peores crisis de salud a nivel mundial y en la lacerante situación de desabasto de vacunas y medicamentos en el país, existen personas que roban y lucran ilegalmente con nuestras mejores herramientas para combatir las enfermedades”.
Margarita Valdez, de Morena, denunció: “un candidato a gobernador en Durango distribuyó vacunas contra el Covid-19. ¿Cómo las obtuvo?... Aún no hay fecha para aplicar la tercera dosis y él ya las está aplicando”.
