Ciudad de México. El Grupo de Puebla, que congrega a personalidades progresistas de Iberoamérica, respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para crear un plan global contra la pobreza, a partir de contribuciones de las personas y empresas más ricas de mundo.

Al presentar esta tarde las conclusiones de su séptimo encuentro, que se realizó en la Ciudad de México, integrantes del Grupo destacaron la relevancia del planteamiento del mandatario mexicano y propusieron la implementación de un modelo solidario de desarrollo articulado en seis ejes: la superación de la desigualdad social, la búsqueda del valor, una nueva política económica, la transición ecológica, la integración como construcción de región y una nueva institucionalidad democrática.

El ex ministro de Educación en Brasil, Aloizio Mercadante, lo sintetizó así: “El mundo pospandemia necesita una reconstrucción más generosa, con menos desigualdad y con menos hambre”.

El pasado 9 de noviembre, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, López Obrador propuso la creación de un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”, para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Esto mediante un impuesto voluntario anual de 4 por ciento de las fortunas de las mil personas más ricas del mundo, una aportación similar por parte de las mil empresas más grandes y un fondo de 0.2 por ciento del producto interno bruto de los países de G20. Con esto la bolsa anual disponible sería de alrededor de un billón de dólares.

El presidente de México “hizo hizo una propuesta muy consistente. Tributar a los que más condiciones tienen para alcanzar una actitud más solidaria y un mundo sin hambre. Para dar viabilidad a esa propuesta, debemos divulgarla para sensibilizar”, aseveró Mercadante, quien previó el próximo triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022 en Brasil.

En su Declaración final, el Grupo Puebla refirió que para salir de la grave crisis económica y social derivadas del neoliberalismo, agudizada con la pandemia de Covid-19, es necesario el fortalecimiento y la reivindicación del papel del Estado a fin de promover estímulos fiscales y monetarios que propicien la reconstrucción de las economías nacionales y la generación de empleos.

“Las inversiones y financiación públicas serán indispensables para inducir las inversiones privadas e incentivar el relanzamiento del crecimiento económico. Insistimos en que la reconstrucción de las economías pospandemia implica el combate a la evasión fiscal y reformas tributarias que promuevan impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza de los grandes capitales para garantizar inversiones y políticas sociales para retomar el crecimiento al compás del combate contra las desigualdades y la inclusión social”, señaló.

En el acto donde se dio a conocer la Declaración, participaron Mercadante; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta; Carol Proner, del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial en Chile; y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

En el séptimo encuentro participaron alrededor de 150 líderes progresistas de la región, entre ellos los ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva; Ecuador; Rafael Correa; España, José Luis Rodríguez Zapatero; Colombia, Ernesto Samper; y Paraguay, Fernando Lugo; además de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce; por México inauguró el foro el canciller Marcelo Ebrard.

El modelo de desarrollo planteado del Grupo Puebla, dijeron, está basado “en un enfoque de género y diferenciado que proponemos como la hoja de ruta del progresismo latinoamericano y caribeño con miras al abandono definitivo del anacrónico modelo neoliberal. Este último con su vocación extractivista ha dejado efectos difícilmente reversibles sobre el medioambiente, ha significado alarmantes niveles de concentración de la riqueza que nos convierten en la zona más desigual del planeta y ha atrofiado los circuitos de redistribución”.

Apoyaron la creación de una Agencia Pública Regional de Calificación de Riesgos “para no dejar en manos de actores privados la evaluación de las condiciones financieras y económicas de nuestros Estados, evitando que la emisión de alertas se convierta en un factor de agravamiento de la crisis”.

También destacaron la necesidad de establecer una tasa mínima impositiva global superior al 15 por ciento tal como se acordó en el G20 y la urgencia de que alcance al menos 21 por ciento para equilibrar de algún modo, la correlación entre quienes han perdido y quienes han redituado la crisis.

En torno la violencia y el tráfico de drogas, indicaron la necesidad de implementar enfoques alternativos que no estén basados en salidas unilaterales, militaristas e impuestas extra regionalmente, las cuales “han comprobado ser un fracaso rotundo”.

Por el contrario, propusieron una discusión abierta y entre iguales, basada en la responsabilidad compartida, el abordaje diferenciado de los eslabones que participan del proceso, para considerar aquellos más débiles y en un esquema más compatible con los derechos humanos y el diálogo social.

“Hacemos hincapié en los problemas vinculados a la crisis económica y diferentes consecuencias políticas que han incrementado las migraciones en la región, hecho utilizado por las fuerzas políticas de la derecha y la extrema derecha para estigmatizar a las personas migrantes, aumentando sus penurias. Como progresistas llamamos a los gobiernos y a los pueblos para que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, contribuyan al encuentro y cumplan igualmente la legislación internacional sobre asilo y refugio”.

Se pronunciaron por la no injerencia en Venezuela y Nicaragua, sino por la solución de los conflictos a partir del diálogo; censuraron el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba hace 60 años y la “ultraderechización de la derecha en Chile”; apoyaron al gobierno de López Obrador y el proceso de paz en Colombia; denunciaron los intentos de interrumpir el mandato del presidente Pedro Castillo, en Perú, y la reorganización de los grupos conservadores para operar un golpe de Estado en Bolivia; celebraron el triunfo electoral de Xiomara Castro en Honduras; manifestaron su preocupación por las “guerras jurídico-mediáticas” contra la oposición en Ecuador; y rechazaron los ataques sistemáticos en El Salvador en contra del Estado de derecho y la independencia de poderes.

Urgieron a implementar un modelo distinto de adaptación y mitigación frente al calentamiento global, y a que, los espacios multilaterales, en especial Naciones Unidas, incluyan como tema central de su agenda la recuperación económica mundial y a la salud como un bien público universal, entre otros.

“Expresamos nuestra preocupación por el avance de discursos golpistas, racistas, negacionistas del cambio climático y de la pandemia que amenazan la democracia y los derechos conquistados en particular por las mujeres”.

Se dijeron defensores del multilateralismo y de los espacios de concertación política en el plano regional e internacional, al tiempo que reiteraron su apoyo a las voces progresistas que sugieren incluir el tema de la recuperación durante y pospandemia en los escenarios de negociación de Naciones Unidas.

En ese sentido urgieron a que se se convoque una sesión especial de la Asamblea General de la ONU “para abordar salidas globales a la pandemia y formas para reactivar solidariamente las economías de todo el globo tomando en cuenta las asimetrías en los grados de vulnerabilidad y desarrollo”.

Se pronunciaron por la suspensión de las patentes farmacéuticas mientras dure la pandemia y se actúe conforme a la idea de que las vacunas constituyen un bien público de la humanidad.

En el documento también expresaron su compromiso con las políticas en favor de la transición energética que detengan el calentamiento global y apoyaron los compromisos multilaterales adoptados en la COP26 para lograr lo más pronto posible la neutralidad de carbono, una reducción sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero y el fin de la deforestación.

“Recordamos y exigimos el cumplimiento de compromisos por parte de los Estados más ricos para el desembolso de fondos hacia los países del sur global y se alcancen las metas de descarbonización. Nos sumamos al llamado por una recuperación económica mundial, en sintonía con los ecosistemas”.

Reivindicaron la soberanía digital de las naciones de América Latina para abandonar paulatinamente la condición de consumidores de conocimiento y abastecedores de datos de Estados y empresas que concentran y monopolizan la información.