El Congreso capitalino dio entrada a la petición ciudadana de inicio de juicio político en contra de la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, por “graves y sistemáticos actos ilegales que ha cometido a partir de que tomó posesión del cargo” y que afectan directamente el debido funcionamiento de la administración pública de la demarcación.
Debido a que no se ha instalado la Comisión Jurisdiccional del Legislativo, el presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco, de Morena, turnó el escrito promovido por el ex diputado constituyente de la Ciudad de México Manuel Oropeza Morales a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado priísta Ernesto Alarcón Jiménez, para que dé cauce al procedimiento.
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone que corresponde a dicho órgano de gobierno integrar la Comisión Jurisdiccional, la cual “deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso”. El artículo 84 de la ley añade que “la Comisión Jurisdiccional funcionará para toda la legislatura con carácter permanente y conocerá los casos de juicio político, de remoción, separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo que prevea la Constitución política, la Constitución local, esta ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables”.
El acuerdo de comisiones que en su momento emitió la Jucopo omitió la integración de la Comisión Jurisdiccional.
En su escrito, Oropeza señala diversos hechos, como el dispendio de recursos en el acto de toma de protesta; el uso de las insignias PAN, PRI y PRD en dicho acto institucional; adjudicaciones directas del presupuesto participativo sin el aval de los comités de Ejecución y Vigilancia; su intento para impedir un acto de toma de protesta de concejales del partido Morena, así como una reunión con locatarios de mercados públicos.
Nepotismo institucional
Otros son la designación de su hermana Vianey Cuevas en una dirección territorial; la sustitución del personal encargado del cobro de autogenerados por personas sin el nombramiento correspondiente que las facultara para realizar esa función; la clausura ilegal del deportivo Guelatao; el uso de una camioneta con la matrícula alterada, así como la falta de paridad de género en sus designaciones para ocupar cargos de dirección.
Advirtió que con dichas acciones, la alcaldesa ha incurrido en responsabilidad política, administrativa y civil, y en el caso de esta última refiere que “se hará valer ante la instancia correspondiente”.
