“No es fácil decirle a una madre que sólo vienen los huesos de su hijo… si se pusieran por un minuto en sus zapatos, cuando no sabe que su hijo desapareció” y únicamente encontraron sus restos. Es el reproche de Eva Ramírez –quien trabaja para localizar a migrantes desaparecidos en México y repatriarlos– contra la insensibilidad oficial. Tiene 21 años de lidiar con autoridades, promesas incumplidas, gestiones frustradas y engaños, pues incluso ha recibido bolsas de arena en ataúdes, simulando la entrega de un cadáver.

Al frente del colectivo hondureño Amor y Fe en Tegucigalpa, conoce de la reciente creación –en el seno del Sistema Nacional de Búsqueda– de una mesa destinada a localizar migrantes centroamericanos en México, aunque no le entusiasma: “En realidad, tantas veces hemos estado sentados frente a las autoridades y escuchado a una madre decirles que busquen a sus hijos. Hasta hoy no lo han hecho. Es una mentira”.

Los datos oficiales son inciertos, pero las denuncias ante los colectivos centroamericanos le generan la certeza de que “son miles” de desaparecidos y el número sigue subiendo desde que el crimen organizado asumió que sólo son una mercancía, considera. Los costos de migrar se han disparado: 9 mil dólares por una familia. Hay que sumar el incremento de las extorsiones, incluso cuando saben que ya murieron o los desaparecieron, una fórmula siniestra de extorsión-desaparición que abruma a las familias de indocumentados.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta que hay sólo ocho hondureños en esa condición, uno de ellos ya ubicado. Cifra poco creíble si se contrasta con los 17 años que se han efectuado las Caravanas de Madres Centroamericanas que llegan a México en busca de sus hijos, gestionar con autoridades, alentar las investigaciones y regresar a sus países prácticamente sin resultados.

Un informe de 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela alrededor de 2 mil migrantes desaparecidos en territorio nacional.

“Lastimosamente nuestro gobierno se ha conformado con traer restos, no con cuidar que ya nadie desaparezca, que ya nadie regrese mutilado, muchos que desaparecen, ellos se están conformando con repatriaciones”, reprocha Ramírez en entrevista. El problema siempre ha estado, mientras continúa la migración, las personas a través de los años siguen desapareciendo, enfatiza.

Honduras es un expulsor incesante: violencia, pobreza. “Nadie se va de su comunidad por gusto, pero usted sabe que aquí hay barrios donde no se puede entrar. Salen huyendo de la violencia”. Con amplia presencia de pandillas en zonas urbanas y aun cuando los homicidios se redujeron en 2020, Honduras se encuentra en tercer lugar con mayor nivel de ese delito en América Latina: 37.6 por cada 100 mil habitantes.

“Las fronteras están militarizadas y nuestros migrantes siguen desapareciendo en la ruta migratoria, y siguen regresando mutilados, regresando sus cuerpos aquí”, lamenta Ramírez. El endurecimiento de las estrategias migratorias en México orilla al cruce por zonas de alto riesgo por la presencia de la delincuencia organizada.

El saldo de la migración hondureña reporta 192 mil deportados desde 2018 y 26 mil 835 que han conseguido la condición de refugiados en el país, cifras que mantienen a ese país en su posición histórica de epicentro de la migración centroamericana. El 58 por ciento de trabajadores dependientes del empleo informal y 400 mil empleos perdidos en 2020 son factores que alientan el incesante éxodo.

Por ahora, señala, sus gestiones tienen respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja para sufragar parcialmente los gastos que van desde la repatriación, gestiones y viajes a México, entre otros.