El pasado 17 de noviembre el Senado aprobó, con 72 votos a favor y 16 en contra, el proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR). La iniciativa la promovieron los senadores Ricardo Monreal, de Morena, y Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se supone que tiene por objetivo disminuir la generación de residuos al minimizar el desperdicio de materiales y reducir el consumo de materias vírgenes. Y ello a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño. Varios legisladores denunciaron que representantes de la industria del plástico estaban detrás del dictamen. Con ellos coinciden varias organizaciones ambientalistas que manifestaron su descontento con esta reforma, al igual que con la nueva Ley General de Economía Circular (LGEC) pues consideran que no promueven la reducción de la producción ni el consumo de plásticos de un solo uso.
Greenpeace la califica de grave error, pues incentiva la producción y el consumo de ese material al privilegiar su reciclaje y la incineración para convertirlo en energía. Es una práctica conocida como termovalorización o coprocesamiento. Y con ello la producción y el consumo de plásticos pueden continuar pues se valorizan al quemarlos. Sostuvo que la termovalorización no es economía circular, porque los residuos pierden su valor al ser incinerados y así no se mantienen en los ciclos productivos. En resumen, las nuevas medidas no frenan la contaminación plástica y lo que se necesita es reducir la producción y el consumo de dicho material y avanzar hacia la reutilización.
Por su parte las 200 organizaciones que integran la Alianza México Sin Plásticos (AMSP), criticaron que dejaran fuera otros principios de la economía circular. Por ejemplo, la ecoinnovación, la extensión de la vida útil de los productos, la reparación, el segundo uso y la basura cero. Según la AMSP, la nueva LGPGIR apuesta por el reciclaje, no obliga a la industria a tener mayor responsabilidad en el manejo de los productos que elabora y pone en riesgo la viabilidad de las leyes antiplásticos aprobadas en 30 entidades del país.
La Ciudad de México fue la primera en prohibir en 2019 las bolsas de un solo uso. Este año, los popotes, cubiertos, vasos, cápsulas de café y otros artículos de ese material. Sólo se permite la venta, consumo y distribución de tales productos si se fabrican con materiales suceptibles de biodegradarse, al menos, a 90 por ciento, durante seis meses y en un ambiente rico en oxígeno o en contacto con materiales orgánicos.
Diariamente los hogares, comercios y la industria de la urbe tiran más de 13 mil toneladas de basura y apenas una sexta parte se recicla. El resto va a rellenos sanitarios que no reúnen las condiciones para evitar que sean foco de contaminación. Y uno de los componentes de esa basura son los artículos de plástico. En el país cada año se generan cerca de 45 millones de toneladas de residuos y buena parte es plástico que afecta severamente al ambiente y la salud pública.
En apenas siete décadas el mundo se inundó de desechos de plástico casi eternos y peligrosos. Están por doquier. Están hasta en los casquetes polares. Junto con el cambio climático, se consideran una amenaza. Y con razón: si en 1950 la producción mundial de plásticos era de 1.5 millones de toneladas al año, ahora suma 350 millones. Y si no se detiene su elaboración, en 2050 serán mil millones. El problema es de hoy, pues existen acumuladas más de 8 mil 400 millones de toneladas de plástico de las cuales 6 mil 300 son de un solo uso, contaminando. Apenas se recicla menos de 10 por ciento.
Al señalar las lagunas y omisiones que contiene la nueva legislación, Greenpeace y la AMSP pidieron a los integrantes de la Cámara de Diputados analizar de nuevo esta reforma y no aprobarla en los términos que lo hizo el Senado, pues significaría un retroceso en la lucha contra la contaminación plástica; un golpe a las medidas que buscan detenerla en el país.
La industria del plástico es muy poderosa e influyente en el mundo. Pese a ello, la mayoría de los países caminan hacia la eliminación de dicho material. México no puede ser la excepción y el deber de los legisladores es velar por el bien común, no de intereses particulares.
