El subsecretario federal de Gobernación, Rabindranath Salazar; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros (llegados al poder los tres con la bandera de Morena) empujaron abierta y sincronizadamente para simular ayer un “ejercicio participativo” de dados cargados (al que en términos mediáticos se ha mencionado como “consulta popular”) con el que se pretende validar la instalación de una planta de amoniaco (con inversión programada de 5 mil millones de dólares en 10 años) para posterior fabricación de fertilizantes, en la bahía de Ohuira.

En el sistema lagunario Santa María-Topolobampo-Ohuira está el noveno de los 28 humedales prioritarios del país, identificado por Ducks Unlimited de México (https://bit.ly/3FYsQcj). Es una área ecológicamente delicada, en la que hay humedales reconocidos como sitio Ramsar, nombre de la ciudad iraní en la que en 1971 se firmó la Convención sobre los Humedales, “un tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos” (https://bit.ly/3FSdgiA), firmado por México para su cumplimiento.

La pretensión de instalar esa planta de amoniaco (a la que han llamado “la planta de la muerte”) generó de inmediato una sostenida oposición bajo el lema “Aquí no”. Ayer hubo un bloqueo temporal de la carretera Los Mochis-Topolobampo en protesta por la amañada “consulta popular” que en realidad no es vinculante (es decir, no obliga a ninguna autoridad a acatar sus resultados), no tuvo participación vigilante de los opositores, usó solamente pegotes verdes en la ropa para “identificar” a votantes que podían volver a sufragar en otra mesa receptora con quitarse tal identificación, y que entraña una lamentable y peligrosa manipulación, por cuanto pudiera ser indicativa de afinadas maniobras similares a futuro, desde los tres niveles de gobierno.

El gobierno federal, según reportó el respetado semanario RíoDoce, días antes de la “votación” distribuyó volantes para promover las bondades de la planta de amoniaco, sin mencionar las argumentaciones en contra (https://bit.ly/3I0jPS6). Se señaló en esos documentos que estos “ejercicios participativos” permitieron tomar decisiones en los casos del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y una planta cervecera en Mexicali.

El gobernador Rocha Moya también emitió previamente frases impulsoras del “sí” de aprobación al proyecto. Y no se diga el presidente municipal Vargas Landeros, quien fue el primero en impulsarlo (de capital alemán, Grupo Proman, y suizo) cuando era secretario general de Gobierno con Mario López Valdez (Malova) como gobernador (“uno de los gobiernos más corruptos –y más comprometidos con el narco– de la historia de Sinaloa”, escribió en una columna Ismael Bojórquez, director de RíoDoce).

El subsecretario federal de Gobernación, Rabindranath Salazar, estuvo encargado del proceso. También hubo representación de la Semarnat. Salazar dijo anoche en rueda de prensa que el ejercicio participativo “no es vinculante, pero sí es determinante”, pues el Presidente de la República decidió asumir lo que “la gente” determine en este mencionado “ejercicio”.

El empeño en manipular ese “ejercicio” pretende “legitimar” la decisión de que se instale la planta, a cargo de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) a pesar del acarreo de votantes, una pregunta sesgada, las acusaciones de pagos por sufragio depositado (entre 150 y 500 pesos), la inexistencia de vigilancia opositora del proceso y el conteo y, sobre todo, de la persistencia de recursos de amparo presentados y de una oposición ciudadana que se mantiene activa.

Y, mientras la detención de Julio César Serna amaga judicialmente a Miguel Ángel Mancera, durante cuya administración capitalina los hermanos Serna, el ahora apresado, y Luis Ernesto, ocuparon cargos importantes y siempre fueron mencionados como cómplices de la corrupción de ese periodo, ¡hasta mañana!

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