Solicitar o depender temporalmente de los energéticos de otra nación, es una situación de emergencia, y no de pérdida de soberanía. Ningún país tiene el derecho de acaparar, condicionar, o negar el acceso a cualquier nación en que esté en riesgo su estabilidad económica, energética y, especialmente, la propia existencia. La comercialización de los recursos naturales ha puesto el derecho a la vida, prácticamente, en un segundo plano.
Es la búsqueda de la mejor negociación para tener garantizado el consumo de uno de los elementos más necesarios para sobrellevar el invierno, cuyo pronóstico es preocupante. Según los cálculos de meteorología, será uno de las estaciones con mayores complicaciones.
El gas ruso, por sí sólo, no tendría que convertirse en un motivo de extorsión, económica o política. La competencia comercial y la especulación son los motivos del conflicto, no sólo en Europa, sino en aquellos países que han sido engañados con contratos abusivos por parte de las empresas acaparadoras y oportunistas.
Alemania no tendrá problemas con el recurso del gas, Rusia cubre más de 34 por ciento, es uno de los proveedores más importantes de esa nación. La gran red de gasoductos que ha construido el gobierno de Vladimir Putin logra un recorrido importante y, sobre todo, les da a los países que firmaron el contrato, la certeza de que contarán con la cantidad necesaria del energético.
No obstante, en el conflicto con Rusia, el gobierno del presidente ucranio Volodímir Zelenski, aceptó proveerse de gas y recibir un porcentaje por la autorización de concederle el paso los gasoductos. Son cinco en total los ductos, tres para Europa y dos para la propia Ucrania. Algunas irregularidades de acceso al gas, según autoridades de Polonia, generan críticas de países de Occidente, especialmente, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. A pesar de los problemas, el abasto a Europa es seguro, según las empresas rusas.
Como hemos publicado en este espacio, los gasoductos para proveer a diversas naciones de Europa, son una solución inmediata para la seguridad de Alemania y los demás firmantes del contrato con la gasera rusa. Según Ana Teresa Gutiérrez del Cid, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco:
“… la importancia de Rusia como proveedor del hidrocarburo ha venido reposicionándose como la gran potencia energética del siglo XXI y ha desarrollado una red de oleoductos y gasoductos que podría convertirla en el gran árbitro del suministro de petróleo y gas para Europa y los grandes centros económicos y demográficos de Asia Oriental (China, India, Japón y Corea del Sur). Aunque el auge de la extracción del gas shale en Estados Unidos y la baja de los precios del petróleo desde 2014 han afectado tanto a la economía rusa, como la posibilidad de que Rusia tenga el monopolio de la distribución del petróleo y del gas en el mundo.”
Existen otras alternativas a futuro que “evitarán”, según los que desconfían de los contratos rusos, la pérdida de la soberanía energética de Europa. En Alemania se piensa construir la primera terminal para gas líquido, pese al costo alto en euros, y con la participación de Qatar como productor principal. Recordemos que este país árabe es el tercer productor de gas natural y el mayor exportador de gas líquido en el mundo.
En México, el gobierno federal y empresarios de la iniciativa privada plantean la construcción de obras de infraestructura en las penínsulas de Baja California y de Yucatán. El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha informado que con la propuesta de dichas obras se proveerá de gas natural a las dos regiones, la del norte y la del sureste del país. De esa forma, se generará electricidad para el consumo cotidiano.
De acuerdo con el titular de la CFE, la inversión será de 4 mil 500 millones de dólares y se incluirá la utilización del nuevo gasoducto del Istmo. La meta es proporcionar el gas para mantener la dinámica de construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
En el caso de ambos proyectos, aunque se esté utilizando gas proveniente del sur de Estados Unidos, es el apoyo que se necesita para terminar las obras de construcción y rehabilitación de las refinerías de la nación para generar los recursos energéticos que refuercen a los programas sociales. Además de conservar la soberanía energética.
