El colectivo civil prozapatista Llegó la Hora de los Pueblos entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una carta en la que solicita a dicho organismo que use todas sus facultades para impugnar el acuerdo enviado por la Presidencia de la República el pasado 22 de noviembre, mediante el cual se declaran “de interés público y seguridad nacional” todos los megaproyectos del actual gobierno.
La organización –integrada por académicos e investigadores, entre ellos Gilberto López y Rivas, Magdalena Gómez, Ana Esther Ceceña y Juan Villoro– señaló en su misiva que dicho acuerdo “es abiertamente inconstitucional”, pues ordena a todo el gobierno federal que “suspenda o deje de lado” las leyes y normas a fin de aprobar las iniciativas económicas prioritarias de esta administración.
Adjunto a la carta, el colectivo de apoyo al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entregó un pronunciamiento en el que califica la acción del Ejecutivo como un “atropello al estado de derecho”, debido a que “legaliza el autoritarismo al remover las regulaciones ambientales que existen para la protección de la naturaleza, promoviendo la construcción de proyectos de infraestructura federal.
Favorece despojos
“Lo mismo hace con las regulaciones en materia de protección hídrica de cuencas y en materia de monumentos y zonas arqueológicas del patrimonio histórico de México. Por tanto, ese acuerdo también es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, consignados en el artículo segundo constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al crear las condiciones para continuar con las políticas de despojo contra sus territorios”.
De igual forma, el colectivo consideró que el acuerdo en realidad “se trata de una desregulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimento del interés social, un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando la administración actual”.
La organización puntualizó: “los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración de Peña Nieto, las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en la ejecución de grandes obras.
