Ciudad de México. Emocionada aún por el respaldo mayoritario que logró en el Senado, la ministra Loretta Ortiz Ahlf resaltó que su prioridad en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) será lograr el pleno respeto a los derechos humanos, sobre todo el que se refiere al acceso a la justicia a todos los ciudadanos, y expuso asimismo que en dos años como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha visto avances en la disposición de frenar el nepotismo y otras formas de corrupción en el Poder Judicial.

En entrevista con La Jornada, la académica y jurista consideró que dependerá de quién suceda en la presidencia de la Suprema Corte a Arturo Zaldívar para que la reforma judicial pueda concretarse.

Deploró también que debieron ser instancias internacionales y no el máximo tribunal del país, las que dieron respuesta, en épocas pasadas, a víctimas de desaparición forzada y feminicidios, como fueron los casos de Rosendo Radilla y Campo Algodonero, entre otros. “¿Qué acaso no había entonces una Suprema Corte que pudiera tomar conocimiento de esos temas a todas luces violatorios del derecho a la vida?”, se pregunta.

Entrevistada en su domicilio particular, precisó que desde hace 40 años es estudiosa de un tema que siempre le apasionó: la defensa de los derechos humanos, cuando aún ni se mencionaba siquiera ese concepto. Siendo una joven abogada, “fui al curso que imparte el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, y para mí fue muy significativo porque tomé conciencia de que no sólo en México, sino en todos los países de América Latina, se estaban padeciendo graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Fue, dijo, hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que comenzó a tratarse ese concepto y tiempo después se constituyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero todavía, a la fecha, hay atraso en la efectiva garantía de los mismos. “Es muy palpable, si se revisan todas las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano”.

Ahora, ya como ministra, impulsará el que considera que es “el más fundamental de todos los fundamentales derechos humanos, que es el acceso a la justicia. Porque es la puerta abierta para poder reclamar las violaciones más graves, como la desaparición forzada, las ejecuciones, la tortura, los feminicidios, entre otros”.

Vehemente al tratar el tema, la ministra Ortiz Ahlf advirtió que es increíble que primero tuvo que llegar la sentencia de la CIDH sobre el caso Campo Algodonero –de tres feminicidios de jóvenes desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez– “para que la comunidad internacional se doliera de los asesinatos de mujeres y niñas en México”.

Reveló que en esa época era consejera de la CNDH y le pidieron que guardara silencio, que ya no tratara más ese tema, y ante las peticiones que hacía de información, la respuesta era que se habían quemado todos los expedientes y, en una segunda solicitud, que se habían inundado las instalaciones donde se almacenaban.

A padres que denunciaban la desaparición de niñas de ocho años, les respondían que seguro se habían fugado con el novio y tiempo después les entregaban una bolsa con los huesos de la menor.

Todo ello, señaló, se lo reclamó al entonces presidente Vicente Fox: “Le dije que la justicia y la historia se lo van a reclamar”.

Otro caso de violaciones graves a los derechos humanos, en que los familiares de la víctima debieron acudir a un tribunal internacional, fue el de Rosendo Radilla, en el cual la SCJN argumentó no tener competencia. Fue la Coridh nuevamente la que condenó al Estado mexicano a resarcir el daño y a una disculpa pública.

“Ahora todo mundo lo señala como un caso paradigmático. Yo me pregunto: ¿por qué tuvo que llegar hasta la Coridh, qué acaso no había una Suprema Corte que podía tomar conocimiento de un asunto a todas luces violatorio de todos los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado?”

–¿No será usted una voz solitaria en la Suprema Corte?

–No. A lo que me referí fue a épocas anteriores. Actualmente, el ministro presidente (Arturo Zaldívar) ha dado un enfoque de derechos humanos y tengo la esperanza de que se puedan atraer o convencer a más voces en esta protección. Además, hay otro argumento: como las sesiones son públicas, difícilmente yo creo que no votarían a favor de la efectiva protección y ratificación del principio pro personas.

Cambios a jurisprudencia

En ese sentido, la ministra Ortiz Ahlf reiteró, como lo hizo en el Senado, que desde su primer día en la SCJN tratará de modificar la jurisprudencia que da prioridad a la Constitución sobre un tratado internacional, cuando hay restricción en la Carta Magna, porque ello es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala se debe aplicar la norma que sea más benéfica para la persona. “Los tratados internacionales son más garantistas, si yo aplico sólo la Constitución puede originar responsabilidad internacional, como fue en el caso Radilla”.

Respecto al avance de la reforma judicial recién aprobada, con la experiencia que le da haber estado dos años como consejera de la Judicatura Federal, en cargos encaminados a erradicar el nepotismo y el influyentismo, sostiene que hay avances, a pesar de las resistencias y malestar entre jueces y magistrados.

De entrada, explicó, se abrió un padrón de relaciones familiares en la página del CJF, “donde nos registramos todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Yo, bendito Dios, no tengo a nadie ni tendré ningún familiar, y es parte de las medidas para evitar el nepotismo”.

En las primeras reuniones de consejeros con magistrados, “de lo primero que se quejaban era de los cambios de adscripción, de por qué trasladaban a alguien a Mexicali, por ejemplo, porque eso implicaba, para ellos, dudar de su honorabilidad”.

Había tribunales, destacó, con hasta nueve familiares y argumentaban: “‘Yo quiero que mi hijito adorado esté en la carrera judicial’ e intercambiaban con otros juzgadores, que les mandaban también a otro familiar adorado. Se hizo una red de complicidades impresionante y eso afecta muchísimo la independencia de los integrantes del Poder Judicial”.

Como presidenta de la Comisión de Disciplina del CJF, detalló que se inhabilitó a jueces y magistrados por acoso laboral y sexual, y “uno de ellos llegó a afirmar que ¡eran usos y costumbres!”

Tanto en el combate al nepotismo y el acoso laboral y sexual, reconoció que ha sido fundamental la actuación del ministro presidente Zaldívar: “Yo digo que es un aliado de las mujeres, prácticamente cuando llegamos se abrió una Unidad Especial en el CJF en materia de género”.

–¿Ve riesgo de que esta reforma judicial se detenga ahora que el ministro Zaldívar concluya su gestión como presidente de la Suprema Corte?

–Si no se asegura que el próximo ministro presidente esté de acuerdo con la reforma, sí se va a detener el impulso que lleva. Y la razón es que quien preside la Suprema Corte es al mismo tiempo quien está al frente del Consejo de la Judicatura, el órgano que lleva a cabo todas las acciones contra la corrupción.

A su juicio, es necesario que el próximo presidente de la SCJN sea sensible y asuma la responsabilidad conforme a la reforma ya aprobada. Si embargo, acotó, “se está haciendo ahora ya mucho para acabar esa implementación, pero definitivamente sí se necesita alguien que tenga la camiseta puesta”.

Ortiz Ahlf ocupará el lugar de Fernando Franco González-Salas, quien termina su periodo de 15 años el 12 de diciembre.