Colocar lo social como punto de partida para reordenar los objetivos y las visiones del desarrollo, incluso para reforzar el ritmo de inversión y reivindicar nuevas fórmulas de economía mixta, puede probarse no sólo útil para la estabilidad social y política, sino convertirse en una fuente derenovación de la legitimidad del poder y, desde luego, del propio Estado que queremos democrático, constitucional de derecho y derechos.
Entre los muchos cabos sueltos y por atar que nos ha dejado la pandemia del Covid-19 está el (re)descubrimiento, en no pocos países, del Estado como red y conjunto de mecanismos de defensa contra la adversidad y la incertidumbre. Este “regreso del Estado”, tras su jibarización a lo largo del último cuarto del siglo XX y los primeros lustros del actual, ha actualizado el papel de los Estados de Bienestar, ahora enfocados en la lucha contra la enfermedad y sus potencialidades pandémicas.
Por lo pronto, tenemos que reconocer que los desafíos actuales requieren acciones de envergadura, acometidas mayores del Estado que consideren no sólo operaciones de rescate de los muchos damnificados por la pandemia y la propia crisis económica, sino estrategias claras de reconstrucción de mediano y largo plazos.
La pandemia ha replanteado los cometidos fundamentales y fundacionales de la sociedad internacional, organizada como conjunto de naciones unidas: construir un auténtico Estado social de derechos; tejer una economía política capaz de plantear(se) un Nuevo Trato Verde, que cuente como pi-vote maestro con un desarrollo industrial que auspicie innovaciones expresamente vinculadas con la gran tarea global: la lucha contra el cambio climático y por un desarrollo sostenible.
“La crisis de Covid-19, en palabras del economista catalán Antón Costas, parece estar creando un nuevo zeitgeist (…) cambio dirigido a construir un nuevo contrato social pospandémico. Probablemente el impulso político (…) para este nuevo contrato social vendrá del problema distributivo (…) Pero la lucha por el clima y la salud pública, en la medida en que tienen además una dimensión desigualitaria importante, constituirán elementos importantes del contrato social verde”.1
Dicho en otras palabras: los retos que hoy se nos plantean para construir una globalización socialmente responsable estarán asociados con el despliegue efectivo de una política económica reformada, cuyos objetivos y compromisos estén alineados con el respeto cabal de los derechos humanos fundamentales, asumidos éstos como garantías universales. De ser éste el derrotero, entonces se plantea la adopción de una visión macro económica para el desarrollo, que tenga en su centro la redistribución social y la recuperación de horizontes de igualdad, fuente de inspiración de aquellos grandes acuerdos alcanzados tras la Segunda Guerra para la construcción de los Estados de Bienestar.
Derechos, globalización y desarrollo
Los panoramas son sumamente complejos, los caminos se presentan complicados. Con todo, es posible y factible trazar un nuevo orden mundial conformado por Estados nacionales y orientado hacia formas de cooperación renovadas. Desde esta perspectiva lugar central debe tener, como se dijo, el impulso comprometido con los derechos humanos que deberá traducirse en políticas sociales. En este sentido, el derecho al desarrollo se erige como pilar insustituible de una recuperación portadora de potencialidades promisorias.
Las respuestas no son sencillas, cada nación deberá desbrozar rutas conforme a su historia y su cultura. En nuestro caso, el contenido del artículo primero constitucional reformado hace 10 años debería ayudarnos a trazar el camino, un trayecto alineado por el respeto y la protección de dichos derechos y el impulso al desarrollo; poner en lugar fundamental la protección del empleo, la expansión educativa, la universalización de la salud y la seguridad social, entendidos como articuladores de nuevos esfuerzos cooperativos, públicos, privados y sociales, y de visiones públicas que sirvan de base para una revisión de las políticas actuales. Sólo así podríamos aspirar a forjar una estrategia nacional de transformación productiva que, a la vez, pudiese inscribirse en el gran propósito de configurar los nuevos mundos de una modernidad global.
Este artículo y el anterior van con mi reconocimiento a la doctora Laura Acosta, directora de la ENES-León de la UNAM, y al doctor Javier de la Fuente, su fundador. Ha sido un privilegio ver nacer, madurar y apoyar a esa institución universitaria en todas sus tareas.
1 Antón Costas, “Un nuevo contrato social postpandémico. El papel de la economía social”, consultado en línea
