La pandemia de Covid-19 en México hizo evidente la necesidad de que los trabajadores cuenten con un programa de seguro de desempleo, con el fin de que el impacto económico sea menor, pero entre los retos principales de dicho proyecto está incorporar a quienes laboran en la informalidad y fortalecer a los sistemas encargados de verificar si alguien estuvo empleado o no.

Lo anterior es la conclusión de especialistas representantes de organismos públicos y privados, quienes señalaron que el subsidio por desempleo deberá ser producto de mesas de negociación entre el gobierno, el sector privado y los propios asalariados, con el propósito de definir el monto, duración y cómo podría costearse.

Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que tal apoyo económico es muy necesario en el país, pues podría servir como una protección temporal para atenuar el hecho de quedarse sin empleo.

De igual manera, ayudaría a que las personas no se queden totalmente desprotegidas si se encuentran en un sector donde la contratación y despidos son más “flexibles”, o hay condiciones menos rígidas que en el sector formal, y a que los afectados no se vean obligados a tomar el primer empleo que encuentren, aunque no se corresponda con sus habilidades y experiencia.

Con base en los datos disponibles en México, el experto desarrolló una propuesta según la cual los beneficiarios del subsidio podrían recibir 6 mil 400 pesos mensuales (equivalentes a un salario mínimo diario) durante tres meses.

En el segundo trimestre, explicó, el apoyo bajaría a la mitad de la suma original, y así progresivamente hasta llegar a 800 pesos en el último trimestre de un periodo total de un año.

De esta forma, señaló Delajara, las personas tendrían más incentivos para encontrar una nueva plaza laboral, un proceso que en 50 por ciento de los casos no excede un mes; sin embargo, el especialista refirió que uno de los mayores desafíos para lograrlo sería aminorar el nivel de informalidad laboral, no sólo porque el pago de impuestos es una de las fuentes de financiamiento de estos esquemas en los países donde existe, sino porque darle este beneficio sólo a los empleados del sector formal implicaría “tener una sociedad dividida entre ciudadanos de primera y de segunda”.

De igual manera, el Servicio Nacional de Empleo “tendría que recibir un presupuesto 10 veces mayor para supervisar que los beneficiarios sí estén en la categoría de “desempleado en busca plaza”, sin que se ocupen en la informalidad y, además, cobren el seguro”

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz, consideró que un subsidio así podría aplicarse primero en los trabajadores del sector formal, por la dificultad que entraña incluir también a los informales desde el inicio, y subrayó que para definir el monto y la duración del apoyo deben realizar mesas de diálogo entre patrones, gobierno y trabajadores, como se ha hecho con el aumento del salario mínimo.