La Paz. El presidente boliviano, Luis Arce, encabezó hoy la Marcha por la Patria, que en su quinto día llegó a la localidad Calamarca rumbo a La Paz, en apoyo a la democracia y la unidad.

“Nos incorporamos a la marcha del pueblo en defensa de nuestro gobierno legítimo, elegido en las urnas. Marchamos en defensa de la democracia en Bolivia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, resaltó en un tuit la presencia de Arce y destacó que “es la unidad que asegura la continuidad de nuestro gobierno y revolución democrática y cultural contra los intentos de los golpistas”.

Morales subrayó la seguridad de que el pueblo boliviano no hará caso al discurso de opositores que alientan el racismo, el odio y la violencia contra la pacífica caminata que transcurre “sin paros ni bloqueos para defender la democracia”.

La marcha, iniciada el lunes desde el departamento oriental de Oruro, concluirá el 29 de este mes en La Paz con una concentración de las principales organizaciones y movimientos sociales de la nación andina.

En tanto, en la sesión del Comité Contra la Tortura (CAT), el relator Claude Heller afirmó que en la crisis de 2019 en Bolivia se dieron acciones de racismo y discriminación.

Según el relator de esta dependencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez ocurrieron hechos como la quema de la wiphala (bandera indígena) en “un acto de venganza e incitación al odio”.

También el financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, subrayó.

“Esos grupos paramilitares estuvieron financiados por los denominados pititas, personas de clase media-alta, y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, aseguró Heller.

En la sesión, realizada en Ginebra, Suiza, el CAT mencionó que durante los cabildos organizados por los cívicos cruceños y de otras regiones se usó la Biblia y la religión como justificativo de la “causa divina de su movimiento contra el presidente Evo Morales”, quien se vio obligado a renunciar el 10 de noviembre de 2019 tras el golpe de Estado.

“Los hechos de discriminación se expresaron en acciones de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata”, dijo. Señaló que la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a ese segmento de la población.

Denunció también que desde “la presidencia interina de Áñez se expresaron discursos racistas y de discriminación en contra de los pueblos indígenas, recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.

El relator mencionó que proliferaron los “ataques físicos, amenazas, insultos y malos tratos a mujeres indígenas por grupos organizados, acompañados por expresiones de intolerancia relacionadas con su etnicidad y filiación política”.