La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aclaró que decidió consultar al área jurídica de esa Cámara antes de responder a la exigencia de la oposición de que presente una controversia constitucional en contra del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar la conclusión de las obras prioritarias de su gobierno, ya que tiene “serías dudas” sobre la legitimidad de ese recurso.

Precisó que ha estado 25 años en el Poder Judicial y debe tener los argumentos jurídicos necesarios para resolver y dar respuesta a la solicitud que le formularon 53 senadores de PAN, PRI, MC, PRD y grupo plural de presentar esa controversia, en su calidad de presidenta del Senado.

A su juicio, debe determinarse si existe realmente invasión de atribuciones del Ejecutivo, como sostienen los opositores, ya que hay varios precedentes de la Suprema Corte en el sentido de que los propios acuerdos y reglamentos de éste son para la administración pública, internamente, y no podrían entrar en conflicto con atribuciones legislativas.

“Es lo que debo ver concretamente, y por eso tengo la duda sobre la legitimación de la propia Cámara” para presentar la controversia que me solicitan.

Por separado, el senador de Morena José Narro expresó que su bancada no avala que se lleve a cabo ese recurso y, como se estableció en la sesión del pasado jueves, la presidenta de la mesa directiva no puede actuar sin tomar en cuenta la opinión de 80 senadores.

Por otra parte, en junio del año pasado, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho, se negó a presentar una controversia constitucional en contra de la decisión del Congreso de Tamaulipas de no acatar el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que se había votado, por mayoría, en San Lázaro.

A pesar de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, Ignacio Mier, se lo solicitó formalmente, a fin de defender los intereses de ese órgano del Congreso, vulnerados por la negativa de los diputados de Tamaulipas de acatar el desafuero del gobernador acusado de corrupción y nexos con la delincuencia organizada, Sauri resolvió negarse.

En cambio, un año antes, la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, por su cuenta y sin el aval de la mayoría de legisladores, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del acuerdo emitido por el presidente López Obrador referido a mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La Suprema Corte no ha resuelto aún ese recurso, que en junio de 2020, cuando se presentó, motivó críticas de la bancada de Morena en San Lázaro por no haber tomado en cuenta la opinión del grupo mayoritario.