Chilpancingo, Gro., El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que “de 2004 a octubre de 2021 documentó alrededor de cien muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatlahuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá”, y aseguró que “en la Montaña la justicia tiene precio”.
Detalló que Tlapa y Ayutla de los Libres “cuentan con alerta por violencia de género desde junio de 2017. Y de septiembre de 2020 a octubre del 2021, se cometieron 26 feminicidios, en Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Tlapa”.
Acusó que del total de casos “sólo en 20 por ciento se ha procesado a los responsables y son muy contados en los que se han obtenido sentencias condenatorias. Que en su mayoría son deficientes los procesos penales, a causa de la indolencia y complicidad del órgano investigador que deja la puerta abierta para que los responsables obtengan su libertad”.
Desde Tlapa de Comonfort y en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Tlachinollan insistió en que “en la Montaña de Guerrero la situación de las mujeres indígenas es deplorable por el racismo acendrado que persiste en las autoridades encargadas de investigar los delitos y de velar por sus derechos”.
Exige un alto a la violencia feminicida en la Montaña
Exigió “que pare la violencia feminicida en la región de la Montaña; que se detenga y castigue a los agresores de mujeres indígenas; que se realicen investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas para castigar a los responsables”.
En cuanto a los casos de desaparición forzada de féminas, aseguró que “la situación es sumamente crítica; las investigaciones no prosperan, ni se implementan búsquedas, con el pretexto de la pandemia. El trato que reciben las víctimas es despótico, con mucho desprecio, sin tomar en cuenta el contexto de violencia que enfrentan ni el temor que las inmoviliza y silencia”.
En agresiones domésticas “no se oyen ni se creen las palabras de las mujeres; los ministerios públicos, lejos de avanzar en sus denuncias, se obstinan en abrir carpetas de investigación contra ellas, cuando hay dinero de por medio”.
El caso de una menor de Tlaquilzingo, municipio de Tlapa, es ilustrativo: “fue objeto de violación, pero las autoridades comunitarias actuaron con presteza para detener en flagrancia al agresor. Sin embargo, el acusado interpuso una denuncia por privación ilegal de la libertad, que se ha revertido contra las autoridades y la madre de la menor, que enfrentan un proceso judicial”.
