Carlos Covarrubias, miembro de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito de San Luis Potosí, asegura que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de María Luisa Albores González, pretende imponer un artículo transitorio en la resolución sobre el área natural protegida de esa sierra, para dejar en propicia indefinición jurídica las mil 805 hectáreas que poderosos desarrolladores inmobiliarios pretenden aprovechar y que el Presidente de la República aseguró en julio, en conferencia mañanera de prensa, que no serían utilizadas para fines empresariales.

La maniobra parece kafkiana: los comuneros, en defensa de sus tierras, presentaron una solicitud de amparo de la justicia federal ante el resolutivo de César Sánchez Ibarra, director de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quien, mediante el oficio DGCD/250/2021, había declarado “procedente” que las mil 805 hectáreas no fueran protegidas.

Ese amparo (contra los intereses del empresario Carlos López Medina, quien tiene todo listo para vender lotes de lujo de “Las Cañadas”) ahora es utilizado por la propia Semarnat para alegar que si no es retirado no se podrán proteger las mencionadas hectáreas.

Covarrubias asegura que Guadalupe Espinoza Sauceda, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, lo citó hace dos semanas en la Ciudad de México y le advirtió que si no se desistían del amparo, los propios comuneros serían responsabilizados de que no se protegieran esas tierras. Se le planteó al funcionario que el amparo sería retirado si la Semarnat anulaba formalmente lo que lo motivó, el oficio de Sánchez Ibarra. A la hora de cerrar esta columna no había avance en este planteamiento, aunque sí diálogo.

El proyecto que se ha comenzado a enviar a seleccionadas autoridades comunales y ejidales de la Sierra de San Miguelito, según reportan los Guardianes, dice en su artículo quinto transitorio: “Queda excluida de la aplicación del presente Decreto de Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, la superficie de mil 805 hectáreas de tierras de uso común de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, a que se refiere la suspensión de plano concedida en los autos del juicio 675/2021-I radicado en el juzgado cuarto de distrito en el estado de San Luis Potosí”.

Es decir, se vuelve al planteamiento original, expresado por Sánchez Ibarra, de Conanp: excluir de la protección ambiental las mil 805 hectáreas donde poderosos empresarios pretenden construir Las Cañadas. Nomás que ahora Semarnat pretende culpar a los comuneros de defender sus tierras mediante un amparo. Y da tiempo a que los empresarios alarguen juicios y esperen mejores tiempos políticos.

Señaló Covarrubias que hay “una trampa al Presidente”, detrás de la cual se encuentran “engendros” en Palacio Nacional que han hecho un “operativo jurídico y político con los grupos de poder fáctico”. Citó versiones de que en esta trama están metidos los hijos de Marcelo de los Santos, ex gobernador panista de San Luis Potosí, y de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, pues “sólo gente con ese poder puede redactar un decreto a modo de los grupos de poder” (nota https://bit.ly/3nPQemj y video https://bit.ly/3CRhZPK).

A finales de julio de este año, en la conferencia mañanera, hubo este diálogo: –Presidente, en concreto, si la asamblea ejidal de San Juan de Guadalupe decide que ahí se construya lo que ellos digan en mil 805 hectáreas, ¿usted lo impedirá? –No, no se va a poder afectar. –¿Lo puede decidir la asamblea ejidal? –Lo puede decidir, pero hay un interés superior que tiene que ver con el interés de la Nación, con el interés público (...) Si el Presidente de México fuese un tecnócrata, un títere, un pelele impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa. Te aviso que ya no es eso lo que sucede en el país. ¡Hasta el próximo lunes!

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