Morelia, Mich., Unos 200 integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron este jueves en la sala de sesiones del Congreso local, debido a que los diputados se negaron a darles audiencia formal. Los maestros exigieron a los legisladores que elaboren un presupuesto para 2022 suficiente, que garantice al gremio magisterial el pago de salarios y prestaciones.

Antes de que los mentores se introdujeran al recinto, unos 300 afiliados a la CNTE bloquearon la avenida Madero de esta capital al filo de las 9 horas y se manifestaron ante a la sede legislativa para demandar que una comisión de diputados los atendiera.

Recordaron que se les dejó de pagar entre agosto y noviembre pasados, hasta que el gobierno federal entregó recursos para solventar los salarios, bonos y prestaciones rezagados, y los de diciembre. Respecto del asunto, aseguraron que el apoyo de la federación fue mayor a mil 500 millones de pesos.

Los parlamentarios celebraban una sesión privada por la pandemia, por lo que rechazaron dialogar con los profesores, quienes decidieron, entonces, entrar por la fuerza a las instalaciones del Congreso.

Los docentes pidieron garantías de que se les remunere durante todo 2022, pues trascienden versiones de que unos 28 mil maestros con plaza estatal serán federalizados y el presupuesto no lo considera.

“Exigimos un gasto responsable, justo y serio para los trabajadores de la educación, partiendo del compromiso” que el titular del Poder Ejecutivo del estado, Alfredo Ramírez, asumió, expuso la CNTE en un comunicado.

Después del mediodía, representantes de los maestros se reunieron con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Los inconformes expusieron su rechazo al “presupuesto deficitario” que se ha presentado, el cual no resolverá los atrasos en el pago de sus quincenas y prestaciones.

Los profesores de la entidad advirtieron que hoy realizarán otras manifestaciones, con el objetivo de ser escuchados por los diputados, porque no desean dejar de recibir su salario durante meses, arrastrando adeudos de bonos y prestaciones desde principios de año, como les ha sucedido y sus familias los han padecido.