La iniciativa del gobierno federal para evidenciar a las empresas armamentistas de Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales inundan México con 500 mil armas al año, lleva linderos distintos entre las distintas secretarías de estado. Algunas compañías denunciadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han obtenido contratos legales, dado que esos artefactos no se producen aquí, de la Defensa Nacional y la Marina en los pasados cuatro años.
De acuerdo con información de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia, Sedena y Semar han entregado seis contratos entre 2018 y 2021 a Colt’s Manufacturing Company LLC y Barrett Firearms Manufacturing por servicios de mantenimiento y refacciones para el armamento con el que actualmente se cuenta. El valor de dichos convenios alcanza 13 millones 754 mil pesos, una mínima parte si se compara con el negocio que ha resultado el conflicto en México para los fabricantes de armas y que es el puesto en la mira por la acción de la cancillería.
El 4 de agosto pasado la SRE interpuso una demanda civil “por daños y prácticas comerciales negligentes e ilícitas” contra las empresas estadunidenses Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp, Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock IN, Glock GES, Sturm, Ruger & Co; Witmer Public Safety Group y D/B/A Interstate Arms.
El objetivo del recurso es “una compensación económica, así como el cese de prácticas de comercio negligentes , incluyendo el desarrollo de nuevos estándares de control para la venta de armas”, pues se advierte que el “volumen y nivel destructivo de las armas (…) llegan directamente a las manos del crimen organizado mediante el tráfico ilegal”, detalla la SRE.
Tan sólo en 2020, el gasto militar en el país representó la mayor proporción en 33 años, muestra el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Con una caída de la actividad económica como la del año pasado, el recurso para armamento, desarme y seguridad nacional alcanzó 0.574 por ciento del producto interno bruto (PIB), sólo superado por el 0.58 por ciento de 1987.
Si bien México no tiene una industria de este tipo para exportar –como sí la cuentan Estados Unidos, Israel o Alemania– es el 21 importador más grande de armas en el mundo, documenta el mismo SIPRI. El volumen de armamento que entró el año pasado al país alcanzó 257 millones, lo cual no refleja el valor financiero de los acuerdos, abunda el organismo.
La industria estadunidense, ahora bajo demanda, a la vez funge de proveedora del Estado mexicano, lo que en este caso son operaciones legales y bajo contratos. Lo mismo que empresas de Bélgica –como FN Herstal, que de acuerdo con la información pública encabeza el mayor número de compras de armas que el ejército ha realizado de 2006 a la fecha–, Israel, Alemania o Sudáfrica. Todas encuentran mercado en un país con una tendencia al alza en homicidios con pistolas y fusiles.
Sin embargo, el gobierno federal trabaja e informa de manera desarticulada. SRE demanda a las firmas en Estados Unidos. La Sedena expone información parcial de las compras de armamento, mientras la Marina prefiere clasificar toda información por cinco años.
Como respuesta a una solicitud de información para conocer cuántas armas han comprado las distintas dependencias de gobierno y a qué empresas, la Secretaría de Marina reservó su parte de la información el pasado 18 de octubre. Bajo el argumento de “seguridad nacional”, no sólo dejó de informar sobre las armas adquiridas y las empresas a las que se ha adquirido, también ocultará los datos de 2012 a 2021 por un plazo de cinco años.
Pese a la medida, contratos inscritos en transparencia muestran un contrato de Marina con Barrett Firearms Manufacturing (13 SCIA 006 21), reportado de julio a septiembre de 2021 por 4 millones 19 mil 468 pesos. Con la misma empresa la Sedena firmó cuatro más; el primero de 9 millones 184 mil 910.28 fue en el primer trimestre de 2018 (07-000016/2018). El resto (DN-28 JA-0519/P/PL/2019, DN-28 JA-0002/P/2021 y DN-28 JA-0123/P/2020) entre 2019 y 2020.
También la Defensa tiene uno de 2019 con Colt’s Manufacturing Company LLC, en el que se pagan 4 mil 664.19 pesos por mantenimiento de un arma.
Sin embargo, la dimensión del negocio que implica el conflicto en México para las industria armamentista no pasa de estimados en cuando a contrabando, y de información opaca en cuanto al mercado “formal” que representan las dependencias. Tras la consulta en que se solicitó copia de las compras de armas que ha realizado, la Sedena sólo respondió sobre el costo unitario que pagó por cada artefacto, no cuántos adquirió.
En datos que llegan a ser visibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información es falsa. Por ejemplo, en uno de más de 40 millones de pesos con la belga FN Herstal –una empresa fabricante de armas de fuego– se advierte que el pago correspondió a la “adquisición del servicio de fotocopiadoras”. La clave es DN-10 SAE-140/F/2018 y la liga para acceder al contrato no sirve.
Pero además de la opacidad, ni la Defensa Nacional, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Marina tienen sistematizadas las características de las armas que están confiscando o la marca de ellas para determinar qué empresas están abasteciendo a la economía criminal.
En respuesta a solicitudes de información, la Marina informó que entré el año pasado y 2021 ha decomisado 223 armas cortas y 183 largas; la Guardia Nacional reporta la incautación de 810 armas cortas, 450 largas, 3 mil 71 cargadores y 418 mil 125 cartuchos, y la Defensa Nacional de 3 mil 566 armas cortas y 6 mil 440 largas. Ninguna dependencia sabe informar qué marca son.
