Ciudad de México. La pandemia incrementó los factores de riesgo que generan violencia de género en el hogar, en el espacio público y en los ámbitos laboral y económico. En el mundo hubo una “pérdida masiva de empleos de mujeres, pues 54 millones” quedaron sin trabajo y además evidenció y aumentó la desigual en la distribución de los cuidados.

En ese contexto, este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), ONU Mujeres llama a que “pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas” e invita a los hombres a sumarse a esa tarea “impostergable”.

“Hacemos un llamado a los hombres del país y del mundo, porque no vamos a poder poner fin a la violencia contra las mujeres si no se hacen parte de la solución”, y no sólo “parte del problema”, sostuvo a La Jornada, Belén Sanz Luque, titular de ONU Mujeres México, quien también conminó a “los gobiernos a incrementar sus presupuestos públicos en materia de prevención y combate a la violencia”.

Sobre ello, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró en entrevista que el presupuesto para ese sector aumentó significativamente. Desde el comienzo del gobierno de la 4T, los recursos del anexo 13 (igualdad de género) se han incrementado 387 por ciento en cifras nominales, al pasar de 47 mil 918 millones en 2018 a 233 mil 732 millones de pesos para 2022”.

Eso significa que “mientras en 2018 el anexo 13 representaba 1.07 por ciento del total del presupuesto programable, en 2022 representará 4.31 por ciento”. Sobre los recursos destinados al instituto para el año que viene, informó que tendrá un incremento de “5.1 por ciento”, pues contará con 873 millones 508 mil pesos. Consideró que los aumentos constantes de dinero evidencian el compromiso del gobierno federal con este sector.

“El presupuesto para la igualdad tiene que ver con todos los fondos vinculados a los programas prioritarios, y que han aumentado significativamente, como Jóvenes Construyendo el Futuro y las pensiones para adultas mayores (…) los recursos para la atención a la violencia y la no discriminación se han mantenido con aumentos menos notables, pero todos con alzas: los refugios, la atención a la violencia, las alertas de violencia de género y los centros de justicia para las mujeres”.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, consideró que “hay una confusión entre las acciones asistencialistas y aquellas garantes de los derechos humanos, que van dirigidas a eliminar las brechas de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, adolescentes y niñas.

“Podemos hablar que se aumentó el presupuesto para programas asistencialistas que están en el anexo 13; y que hemos solicitado que se saquen de ese anexo”.

La exigencia se basa en que “no tienen indicadores claros de cómo eliminan la desigualdad y discriminación” y son “asistencialistas” y consideró que los esquemas que “sí deben fortalecerse presupuestalmente” son los “dirigidos a la prevención, atención y eliminación de las violencias contra las mujeres”.

Algunos de ellos tienen menos recursos y citó el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de personas, que tuvo una “disminución de 52.6 por ciento y en el caso de los refugios tuvimos un incremento de sólo 0.04 por ciento, ni siquiera cercano a la inflación”.

Además el presupuesto para los refugios no está garantizado para todo el año, “es para 10 u 11 meses, y eso va a depender el momento en el baje el recurso y añadió que “de 80 a 85” por ciento son aportaciones federales, y el resto los refugios lo fondean con “campañas de recaudación, acciones con la iniciativa privada o proyectos de financiamiento que se presentan ante instancias internacionales.

Sanz Luque destacó que “este 25N sucede en una fase de recuperación de los impactos sanitario, social y económico que deja el Covid-19, pero al mismo tiempo estamos en un momento que se están profundizando las formas de violencia, que ya existían antes de la pandemia”.