Diversas organizaciones civiles llamaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión a que, conforme a sus competencias y facultades, activen mecanismos legales contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los proyectos prioritarios del gobierno federal se consideren de seguridad nacional.
Lo anterior, indicaron, con el fin de “resguardar los preceptos constitucionales, como ha decidido el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, que anunció que ya prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fundar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Serapaz, entre otros, señalaron que el acuerdo publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación “resulta problemático y de grave preocupación, ya que da espacio a la opacidad y la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo”.
Además, expusieron que “es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos”.
En un comunicado, el Observatorio Indígena Mesoamericano advirtió que el acuerdo viola el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada sobre las obras que se desarrollan en sus territorios.
Enfatizó que históricamente, México ha tenido “un modelo de desarrollo asimétrico, donde la pobreza, pobreza extrema y desigualdad han sido el signo de la irracionalidad, el abuso de poder y la corrupción”, que afectan en particular a diversos sectores vulnerables, entre ellos los pueblos originarios. Señaló que ese texto “autoriza de facto el despojo de territorios indígenas ancestrales” y abre la puerta “a la opacidad, al levantamiento de la veda de aguas en las cuencas estratégicas de México y a la minería de cielo abierto”.
