Los feminicidios de niñas y adolescentes son invisibilizados, pues se les suele clasificar como parricidios o infanticidios, y ademas no hay desglose por edad en torno a esos crímenes. A ello se suma la deficiencia en las investigaciones, señalaron expertas en el conversatorio Violencia feminicida contra niñas y adolescentes.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expuso que “existe una mala concepción por parte de las autoridades investigadoras”, las que muchas veces consideran que “la edad excluye el factor de género, lo que provoca que los clasifiquen como parricidio o infanticidio, y lo que incide en que la investigación sea omisa en verificar si existen razones de género en los hechos, ocasionando investigaciones negligentes y deficientes con resultado de impunidad”.
Al no tomar en cuenta el elemento de género se omite indagar si la niña “estaba en una relación afectiva o de confianza con alguna persona” y asumen que era posible por la “corta edad” de la menor, tampoco se toman en cuenta factores como la “imposición de relaciones afectivas con hombres adultos” o en comunidades “la venta de niñas”.
Errores de autoridades
Silvia Chica, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, criticó que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública “no tienen un desglose de edades, así que no nos permite saber cuántos son los casos de feminicidios de niñas y adolescentes en el país.
Agregó que cifras de esa instancia sobre muertes violentas de mujeres refieren que en 2018, “24 por ciento” fueron de niñas y adolescentes y en 2020 fueron “26 por ciento” del total y subrayó que “pese al aumento de la violencia feminicida en el país persiste un inadecuado e insuficiente abordaje con relación a ese delito perpetrado en contra de niñas y adolescentes”.
Esmeralda Arosemena, comisionada relatora sobre derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó al “reforzamiento de nuestros sistemas de justicia” a fin de que se aplique la ley de forma efectiva y con perspectiva de género, sobre todo en los casos de niñas y adolescentes”.
Consideró que “a las niñas hay que empoderarlas para que asuman ese papel protagónico de activistas, incluso de la defensa de sus propios derechos, y eso nos obliga a educarlas”.