“Llévatelos a tu casa” y “nomás vienen a quitarnos los trabajos”, son dos de las muchas expresiones que saltan con los resortes xenófobos cuando el río de la migración aumenta su caudal.
¿Vienen los migrantes a quitarnos lo nuestro? Un organismo internacional ha dado seguimiento a los casos de 10 mil personas que han encontrado refugio en México. Sin contar la riqueza social y cultural que aportan, esas 10 mil personas beneficiarias del programa de integración laboral pagan al fisco mexicano casi 70 millones de pesos al año. Como dato comparativo, el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para 2022 será de 45.6 millones de pesos.
El primer dato lo proporcionó Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), quien ayer estuvo en Jalisco para la firma de un convenio interinstitucional con el gobernador Enrique Alfaro.
“El programa de integración laboral en México es un ejemplo de que con autoridades y el sector privado, y a pesar de la situación de presión migratoria, se pueden lograr soluciones que beneficien a todos… Es un ejemplo inspirador.”
Dicho programa, siguió Grandi, es conocido en el Acnur como “el modelo mexicano” y constituye “un ejemplo de una integración efectiva que voy a utilizar en mis conversaciones con otros gobiernos, lejanos y cercanos”.
Contribuyen a la economía
México, sostuvo Grandi, cuenta con “posibilidades reales para que estas personas puedan acceder al mercado laboral con empleos dignos y al sistema de protección social. Hay posibilidades de que se sientan parte de la comunidad que les brindó acogida y con ello aportan para su desarrollo al contribuir en la dinamización de la economía y de la sociedad”.
Tras agradecer a Alfaro la instalación de una mesa interinstitucional para coordinar los esfuerzos de organismos internacionales, los tres niveles de gobierno, empresas y sociedad civil, Grandi habló de la necesidad de resolver los atorones que ha provocado el creciente flujo migratorio. Exhortó a mejorar el “acceso a la documentación”, pues “los solicitantes deben esperar meses para obtener sus documentos migratorios” y por lo tanto no pueden pedir empleo, abrir una cuenta bancaria o inscribir a sus hijos en la escuela. Otro obstáculo es que “muchas empresas todavía no conocen los procedimientos para contratar a las personas refugiadas”
Grandi elogió el “enfoque muy fuerte en temas de género” del gobierno de Jalisco en la atención a los migrantes.
