La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la legislación electoral, para definir que los partidos destinen entre 3 y 10 por ciento de sus prerrogativas a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Sin embargo, la comisión rechazó asumir las propuestas de diputadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) para dedicar 10 por ciento de sus recursos a ese fin, y el dictamen aprobado por unanimidad acotó que “se deje a los partidos políticos para determinar cada año el porcentaje a destinar” para cumplir su obligación con las mujeres.
Aun cuando en la discusión del dictamen se consideró la decisión como histórica, con el límite de 3 por ciento vigente en la ley, los partidos no cumplen y han sido objeto de sanciones recurrentes por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la reunión, la diputada Lilia Aguilar Gil (Partido del Trabajo) reprochó voces que desde su bancada se negaron a reconocer que el cambio se debe a la lucha de las mujeres.
“Cada palabra de reformas como ésta, nos ha costado sudor, lágrimas e incluso muertes en la lucha por la igualdad de los derechos. Aquí se debe reivindicar que es una lucha de las mujeres, no porque no puedan participar los hombres, porque pareciera una concesión del patriarcado en los partidos políticos”, cuestionó.
Cynthia López Castro (PRI) recordó que la reforma parte de iniciativas de diputadas de la anterior legislatura, como su compañera de partido Érika Sánchez, Martha Tagle (MC) y Guadalupe Almaguer (Partido de la Revolución Democrática). Explicó que la Unidad de Fiscalización del INE vigilará el ejercicio de esos recursos.
También, la víspera de que la Cámara conmemore el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, Paloma Sánchez Ramos (PRI) presentó la propuesta de retomar la iniciativa para constituir un registro nacional de agresores sexuales y de deudores alimentarios, conocida como ley quemón.
Se trata de contar con un listado claro y actualizable de varones que sean juzgados por un delito de naturaleza sexual, así como otro de quienes se nieguen a cumplir con la obligación de pagar pensión, y que la información sea pública, agregó.
