Ya instalado en la parte segunda y final de su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha acelerado el proceso de confrontación con una parte de los poderes, tanto institucionales como fácticos, que parecen impacientes por verlo salir de Palacio Nacional (aunque, calculadores, no apuestan por la revocación de mandato, sino por una guerra de desgaste hasta el final del sexenio).

López Obrador está utilizando cartas muy vistas en otras etapas de su trayecto político: acelerar, provocar, presionar y luego ir negociando o bajando la intensidad para quedar con la mayor parte posible de la materia en litigio. Este primero de diciembre, al cumplirse tres años de su llegada formal al poder (luego de cinco meses de ejercicio de poder informal a título de presidente electo, con Enrique Peña Nieto como cedente gustoso del escenario y el timón), el tabasqueño tendrá una manifestación más de apoyo popular masivo. Es decir, una demostración de fuerza política hasta ahora no utilizada por razones pandémicas pero, también, tácticas.

El presidente de México con mayor respaldo ciudadano continuo en la historia posrevolucionaria, sumamente hábil en el manejo de los hilos políticos, está defendiendo la viabilidad de sus proyectos constructivos estratégicos (mediante un polémico acuerdo que el autor de estas líneas considera inconstitucional e incluso riesgoso para la 4T, ante la reacción que puede provocar sobre todo en sectores medios de la población) y está cediendo poder y negocios a los militares como una fórmula de extremo pragmatismo para conjurar tentaciones golpistas e incluso para agregarse influencia transexenal clave.

Pero, con su discurso encendido contra adversarios reales o magnificados, con su reyerta constante contra el INE que le podría ser obstructor y el Poder Judicial de la Federación, al que mientras tanto va copando, con las batallas expansivas en el Banco de México, las gubernaturas estatales e incluso el escenario internacional, López Obrador está peleando sustancialmente por la conservación del poder para su proyecto político, sabedor de que una derrota en 2024 significaría el retorno de grupos de poder vengativos respecto a lo hecho por el obradorismo e incluso en términos personales y familiares.

Hoy, ya, todo es electoral. AMLO satura el espacio político para que no se desarrollen las opciones contrarias. Señala a adversarios y busca desacreditarlos al máximo. Cierra filas y castiga disidencias internas, reales o supuestas, y deslealtades. Sí, es mucho el ruido, pero es electoral. Tempranero, pero ya imparable.

En otro tema: con toda la fuerza del gobierno estatal (a cargo del morenista Rubén Rocha Moya) y de los empresarios involucrados en el negocio, se tiene programada para este fin de semana una “consulta popular” para decidir si se instala una muy impugnada planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.

Esa planta ha sido impulsada por personajes como el ex candidato presidencial y gobernador de esa entidad, en nombre del partido tricolor, Francisco Labastida Ochoa, mediante su firma Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas (https://bit.ly/30ZobrV). La empresa Gas y Petroquímica de Occidente Planta de Fertilizantes desarrolla ahí “un proyecto para producir 2200 TM/día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes” (https://bit.ly/3r8HMki).

La oposición a ese proyecto se ha topado con la fuerza económica y política de élites estatales asociadas a capitales extranjeros. Ulises Pinzón Vázquez, uno de los principales activistas contra la instalación de la planta, decidió salir de esa zona bajo amenazas de muerte que denunció ante la vicefiscalía de justicia de la entidad, zona norte, la cual abrió la carpeta de investigación 4817/2021, que señala como responsable de esos amagos al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien fue secretario general de Gobierno en el sexenio de Mario López Valdez, Malova, y ahora es morenista (https://bit.ly/3cJRJw3). ¡Hasta mañana!

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