El Congreso de Colima reprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 por considerar que reflejan uso discrecional de los recursos públicos por parte del ex gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez, cuya administración dejó un cúmulo de irregularidades. El informe presentado al Legislativo por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) incluye 784 observaciones, 69 por ciento de las cuales corresponden a adquisiciones. Asimismo, se detectó un adeudo de 932 millones de pesos con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), una discrepancia entre el registro del patrimonio público y la información presentada en la contabilidad, “prácticas concurrentes de funcionarios que salían de comisión y no comprobaban sus viáticos”, así como una cuenta bancaria no reportada por el Poder Ejecutivo, entre otras anomalías. La también priísta Lizeth Moreno Ceballos, presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, sostuvo que todos los actos deben ser investigados, y afirmó que los legisladores darán seguimiento a estos casos.
En Michoacán, la contraloría encontró un esquema de defraudación urdido en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo por medio de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con la información del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, su antecesor pagó más de 5 mil millones de pesos por siete cuarteles regionales para la policía estatal, en una operación que suma todo tipo de malas prácticas: en primera instancia, en 2016 se firmaron contratos de arrendamiento y mantenimiento para instalaciones que no existían, por lo que se trató de contratos de obra pública encubiertos “para evadir la ley de adquisiciones, las licitaciones, las reglamentaciones y la ley en esta materia”; además, todas las obras presentan ineficiencias y vicios estructurales y, para colmo, fueron adquiridas por un monto de mil 552 millones de pesos apenas dos días antes de que concluyera la administración perredista.
Tales hallazgos se repiten en otras entidades que este año renovaron congresos y gubernaturas. En Guerrero, la gobernadora morenista Evelyn Salgado denunció que su antecesor priísta adquirió 42 camionetas de lujo, 35 de ellas con blindaje, así como dos motocicletas, una de las cuales es de marca BMW, sin justificar su utilidad. El costo de mantenimiento mensual de estos automotores asciende a 700 mil pesos. En Sonora, el también morenista Alfonso Durazo informó que heredó un déficit de 5 mil 471 millones de pesos “sólo para lo que resta del año”, así como una deuda pública de más de 23 mil millones de pesos, generada “sin obra que la justifique”. La nueva gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha reportado una serie de malos manejos de su correligionario panista Javier Corral, quien dejó de pagar a la Universidad Autónoma de Chihuahua 600 millones de pesos obtenidos del llamado “impuesto universitario”, y cuyo despacho utilizó de forma discrecional tarjetas de crédito corporativas a nombre del gobierno del estado, entre otras 824 irregularidades detectadas en secretarías, organismos descentralizados y fideicomisos.
Como se ve en las acusaciones lanzadas entre integrantes de una misma formación política, el tema de las irregularidades en las finanzas de los gobiernos estatales y el daño que éstas causan a toda la población de sus respectivas entidades trasciende claramente el ámbito de las disputas partidistas y se instala en el terreno de la viabilidad misma de las administraciones locales. La magnitud y la extensión de estos desfalcos ameritan un acuerdo unánime de las fuerzas parlamentarias para fortalecer los mecanismos de control existentes, así como para idear sistemas de rendición de cuentas que permitan un control del gasto público tan simultáneo como sea posible al ejercicio del mismo, pues queda claro que las instituciones y las medidas de fiscalización actuales se encuentran rebasadas por la realidad.
