Bogotá. Autoridades colombianas y miembros de la comunidad internacional defendieron ayer el acuerdo de paz que hace cinco años hizo posible el desarme de más de 13 mil guerrilleros de las ahora desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que cerró uno de los conflictos armados más largos de América Latina, pero plantearon los retos por delante para poder hablar de una paz duradera.

El aniversario de la firma del acuerdo se llevó a cabo con la presencia y validación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y las instituciones creadas para buscar justicia: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

“Al hacer un balance, podemos afirmar con confianza que el proceso de paz está echando raíces profundas”, sostuvo Guterres en la sede de la JEP, en Bogotá, y apuntó que “después de más de cinco décadas de conflicto y sufrimiento, tenemos la obligación moral de garantizar que este proceso de paz tenga éxito”.

Reiteró sus advertencias sobre los “riesgos para la paz” que encarnan “los grupos armados en conexión con el narcotráfico”, al pedir a las autoridades revertir esta tendencia y enfocar todos los esfuerzos en las zonas con mayor índice de inseguridad.

“La violencia ha resurgido en las regiones afectadas por el conflicto. Las amenazas y asesinatos de ex combatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, el desplazamiento, la violencia contra las mujeres y la violencia sexual, el reclutamiento de niños; todo ello contraviene la paz”, señaló al condenar estos crímenes.

El secretario general de la ONU pidió a Colombia enaltecer sus logros “en un mundo marcado por los conflictos, muchos de ellos sin un final a la vista”, tras superar una lucha de más de medio siglo que dejó 9 millones de víctimas, entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.

En este mismo escenario estuvieron reunidos por primera vez los firmantes de la paz, las víctimas, el ex presidente Juan Manuel Santos, laureado con el Nobel de la Paz 2016 por impulsar este pacto, y el actual mandatario, Iván Duque, quien sin éxito intentó modificar el histórico acuerdo por los beneficios que obtuvieron los guerrilleros.

Duque aseguró que le “duelen los asesinatos de ciudadanos, de ex combatientes y de líderes sociales” pero, la cuestión es: “quiénes están detrás de estos crímenes”. Apuntó que hay otras formas de violencia que impiden la paz en el país, como los actos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, los Caparros, los Pelusos, el Clan del Golfo y demás grupos delictivos.

El mandatario lamentó que pese a haberse sentado durante 17 meses a negociar un acuerdo con el ELN, “en ese tiempo se perpetraron 400 delitos de terrorismo, asesinaron a más de 100 personas y secuestraron a más de 10 colombianos”. Santos expresó que el gobierno adelanta acercamientos para reanudar los diálogos, pero Duque lo negó.

Con el acuerdo las extintas FARC se acogieron a un sistema de justicia transicional en el cual se comprometieron a decir la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra a cambio de una sanción que debe ser consultada con las víctimas y que puede incluir restricciones efectivas de la libertad, pero sin cárcel. Quienes no reconozcan la verdad o lo hagan de manera tardía enfrentarán hasta 20 años de prisión.

“Insistimos en pedir perdón a las víctimas. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y vergüenza”, manifestó Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC. Además, renovó el compromiso de la gran mayoría de los 13 mil hombres y mujeres que se mantienen fieles a los acuerdos tras entregar los fusiles pese a la violencia contra los ex combatientes, pues cerca de 300 han sido asesinados desde 2016.

“No han sido fáciles estos años por cuenta de los incesantes ataques contra el acuerdo y la falta de voluntad del Estado; aun así, nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”, agregó el ahora líder de Comunes, el partido político que conformaron tras la disolución de la guerrilla.

Camilo González Posso, presidente de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, indicó a la cadena France 24 que “se ha desarticulado un conflicto que representaba 80 por ciento de las confrontaciones entre el gobierno y las guerrillas en Colombia. Con el acuerdo se han iniciado algunas transformaciones en el sistema judicial de transición, en los partidos políticos y en la mentalidad en la sociedad colombiana a favor de la paz”, destacó.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exhortó a las autoridades de Colombia a garantizar las vidas de los ex guerrilleros y líderes sociales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comentó que el acuerdo es “el camino hacia una paz duradera”, mientras la Unión Europea aplaudió el quinto aniversario del pacto.