Los sembradores de agua, campesinos de 16 comunidades de los valles centrales de Oaxaca, de los distritos Ocotlán y Zimatlán, que se hicieron cargo de la recuperación del acuífero y que desde 1967 no podían utilizar el líquido debido a un decreto de veda, ya podrán obtener títulos de concesión comunitarios, una vez que esta disposición queda derogada con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esto ocurre luego de que hace una década pidieron la revisión del decreto que les prohibía hacer uso del líquido y tras recursos jurídicos que llevaron a que las autoridades hicieran una consulta a las comunidades.
Ayer, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el decreto por el que se establece la zona reglamentada del acuífero 2025 de Valles Centrales Oaxaca, “por ser prioridad y asunto de seguridad nacional su protección, mejoramiento, conservación y restauración, así como el restablecimiento del equilibrio hidrológico del mismo”.
Indica que se hará control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento y conservación de las aguas del subsuelo, “sustentado en el reconocimiento al derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, y respetando y armonizando los derechos al agua y sus recursos naturales de las comunidades indígenas zapotecas de 16 localidades de Ocotlán, con una vigencia de 30 años”.
Precisa que en un plazo no mayor de 90 días a partir de ayer, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá registrar los reglamentos y entregar los títulos de concesión comunitarios, ya que se les reconoce su derecho de contar con ellos, y deberán ser registrados ante el organismo a fin de que surta efectos frente a terceros.
Indica que el reglamento será aplicado por las autoridades comunitarias, en el cual “se establecerán las reglas para la conservación y uso de las aguas de la comunidad, así como los procedimientos y medidas correctivas, de conformidad con el sistema normativo de cada comunidad, los derechos humanos y, de manera especial, la dignidad e integridad de las mujeres”. Agrega que también se deberá respetar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
