Ciudad de México. Organizaciones de derechos humanos informaron hoy que en las investigaciones de la masacre de migrantes en San Fernando en 2011, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, de la entonces Procuraduría General de la República, incluyó a tres mujeres que cumplían tareas profesionales relacionadas con el caso.

La investigación se realizó bajo la legislación de delincuencia organizada en contra de Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia; Mercedes Doretti, quien coordina los trabajos en México del Equipo Argentino de Antropología Forense y Marcela Turati, periodista que dio seguimiento al caso.

En conferencia de prensa con la participación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos , Amnistía Internacional, Quinto Elemento entre otros condenaron el uso de los aparatos de justicia del estado para investigar a quienes se dedicaron a la defensa de los familiares de las víctimas.

Delgadillo explicó que tras muchos años de intentar conseguir el expediente completo se les hizo entrega del último tomo del expediente en donde venía consignación de las indagatorias en su contra el seguimiento de sus llamadas telefónicas entre 2016 y 2017, la geolocalización de sus llamadas, entre otros datos contenidos en la investigación en su contra.

“Nos trataron como si fuéramos integrantes de crimen organizado”, cuestionó Delgadillo quien alertó sobre los riesgos de estas prácticas de iniciar investigaciones en contra de quienes defienden a familiares de desaparecidos. Si las autoridades investigan a los defensores esto va a favorecer la impunidad sobre la desaparición de miles de desaparecidos en México”.

Cuestionó que les investigara a ellas tres mientras a la fecha no hay un sólo responsable de la masacre que haya sido sentenciado.

En su oportunidad, Turatti expresó su indignación en contra de la desviación de las investigaciones para iniciar indagatorias en contra de quienes estaban recogiendo testimonios de las víctimas de los migrantes asesinados entonces. Se trata de un acto de censura y de acoso social en contra de los periodistas.

En el pronunciamiento, condenaron que a través de la entonces Seido “la PGR desvió las investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas . También dejó de lado su deber de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores de los mismos y utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad, la intimidad, la seguridad, violar las comunicaciones y criminalizar a quienes desde distintos ámbitos buscamos la justicia, la verdad y derechoa a la información”.

Más adelante, en el comunicado de todas las organizaciones se denuncia: “de esta forma la Seido el trabajo de Delgadillo, Turatti y Doretti con la delincuencia organizada y las colocó en una condición de riesgo ( al agregar toda la información anterior al expediente de la averiguación previa”.

Delgadillo explicó que la Seido actuó a partir de una presunta denuncia que realizó una familia de migrantes inconforme con la participación de la Fundación. Sin embargo, destacó la desproporcionada y apresurada reacción porque mientras que, cuando las víctimas piden seguimiento de las llamadas de sus familiares, se puede tardar hasta años para entregarlas , el seguimiento de sus llamadas se entregó en cuestión de días.

Las tres mujeres investigadas por la Seido promovieron una denuncia ante Asuntos Internos de la Fiscal´9a General de la República para que se investiguen a los funcionarios que estuvieron en esa irregularidad o que aún están en la ahora Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Organizaciones y afectados consideran que en el fondo, más allá de que se castigue a quienes ordenaron esta irregular indagatoria, hay un sistema en la procuración de justicia malogrado que favorece la impunidad y atenta con los derechos de los familiares de las víctimas.