La emergencia sanitaria por Covid-19 profundizó las causas estructurales de la migración en América Latina, región que ya reporta altos niveles de violencia, marginación y pobreza, además de tener sistemas de salud insuficientes, sostuvo el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado. Destacó que este entorno generó mayores riesgos para los migrantes.
En el séptimo foro regional sobre migración organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, sostuvo que en el contexto del incremento en los flujos migratorios debe haber mayor coordinación entre las instituciones públicas, la sociedad civil y organismos internacionales, para garantizar la vigencia de los derechos de las personas en movilidad, en especial el acceso a la salud, en esta coyuntura.
Reconoció que muchas ocasiones enfrentan altos riesgos porque las condiciones sanitarias en sus trayectos o en las estaciones migratorias no son propicias para un entorno de emergencia. Aseveró que, de acuerdo con las convenciones internacionales, las personas indocumentadas no pueden ser discriminadas para tener acceso a la vacuna.
Julissa Mantilla, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en movilidad humana, destacó que todos los países adheridos al sistema en la región asumen como obligación los criterios que rigen en la materia, que en este caso señalan que no se realizarán expulsiones masivas de migrantes.
Fernández indicó que la pandemia incrementó las condiciones de vulnerabilidad para grupos sociales que ya enfrentaban riesgos y se encontraban en situación susceptible para migrar. En paralelo, la emergencia ha profundizado las prácticas xenofóbicas en los países de tránsito, que identifican a los migrantes como factor de riesgo, en tanto que éstos suelen esconder su condición médica por temor a ser deportados.
