Mientras Morena respaldó que los proyectos prioritarios del gobierno federal se consideren de seguridad nacional, por estar pensados en detonar la economía del país, los partidos de oposición expresaron su rechazo y anunciaron acciones jurídicas y de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial.

Tras la publicación de dicho acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que ello agilizará los trámites burocráticos y dará mayor certidumbre a las empresas e instituciones encargadas de su construcción.

“Los proyectos prioritarios de infraestructura impulsados por el gobierno de la Cuarta Transformación están detonando la economía de los estados y, a su vez, comprueban que el país puede crecer y desarrollarse cuando se gobierna con austeridad y sin corrupción, y no impedirá la rendición de cuentas ni la transparencia, ya que hoy México tiene un gobierno honesto”, subrayó.

En la Cámara de Diputados, la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad, porque el acuerdo violaría el artículo 134, donde se define la obligación de manejar los recursos públicos con transparencia.

En seguida, la fracción de Morena en San Lázaro emitió una declaración política, en la que asegura que el acuerdo “es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Presidente”.

Por la mañana, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, detalló que su partido promoverá y respaldará acciones legales contra dicho acuerdo porque se trata de una “tapadera” de la corrupción, por bloquear la transparencia de los contratos. Apuntó que aún buscan cuáles serán los recursos jurídicos adecuados, ya que al no tratarse de una ley, no aplica una acción de inconstitucionalidad. “Es un tema de competencias, y el Presidente no la tiene para poder determinar un decreto de esta naturaleza”, afirmó en conferencia de prensa.

En el Senado, la oposición exigió a la presidenta de esa cámara, Olga Sánchez Cordero (Morena), que presente una acción de inconstitucionalidad. Los morenistas los calificaron de hipócritas, ya que antes no rendían cuentas y construían obras inservibles y altamente costosas, como la Estela de luz, con Felipe Calderón.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados consideró la medida del Ejecutivo federal como un atentado al orden jurídico. La presidenta de la asociación, Claudia de Buen Unna, señaló que dicho acuerdo es ilegal e inconstitucional, con deficiente e incorrecta fundamentación.